El Principado castigará con dureza las agresiones e insultos en el deporte

En los próximos meses, este tipo de hechos conllevarán sanciones mucho más severas. Actualmente se encuentra a información pública el anteproyecto de Ley de Actividad Física y Deporte del Principado, una normativa que la dirección general del ramo espera aprobar antes de las elecciones autonómicas de mayo. En dicho documento -al que se pueden presentar alegaciones hasta el 4 de septiembre- constan como infracciones muy graves a las reglas de disciplina deportiva «los actos racistas, xenófobos y discriminatorios por razón de sexo» y pueden implicar sanciones de entre 10.001 y, como máximo, 50.000 euros.

Dentro de este grupo se incluyen también «la agresión, incitación a la violencia y la coacción, ya sea en el transcurso de los acontecimientos deportivos o mediante declaraciones públicas» y «el incumplimiento manifiesto de las instrucciones que den jueces, árbitros, personal técnico, entrenadores y cargos directivos». El abuso de autoridad, el amaño de partidos -«mediante precio, indemnización, ventaja o intimidación para predeterminar el resultado»- y el dopaje -la promoción y consumo de sustancias prohibidas- también figuran entre las acciones más castigadas.

Preservar el juego limpio y la convivencia es uno de los objetivos de una ley que sustituirá a la de 1994. De hecho, se reclamará a todas las personas y entidades integrantes del sistema deportivo asturiano «la aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia» y, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, que desarrollen campañas publicitarias que promuevan la deportividad y el respeto mutuo entre el público y los deportistas así como «la convocatoria de premios que estimulen el juego limpio». No en vano, la implantación de este tipo de medidas se tendrá en cuenta a la hora de otorgar ayudas públicas.

Sin llegar a las sanciones máximas, también habrá otras, de entre mil y 10.000 euros, por «los insultos y ofensas a árbitros, jueces, personal técnico o contra el público asistente» así como «la protesta colectiva y tumultuaria o la irrupción en el terreno de juego que altere e normal desarrollo de la actividad deportiva».

Estas son las principales infracciones a las reglas, aunque el texto recoge otras de carácter administrativo. Será el personal funcionario adscrito a la consejería el que vele por el cumplimiento de las disposiciones legales, cuyo incumplimiento también esta tipificado. En este caso, se considerarán muy graves «la prestación de servicios relacionados con el deporte cuyas condiciones puedan afectar gravemente a la salud y a la seguridad de las personas», «la falta de suscripción de un seguro de responsabilidad civil» o «la realización con ánimo de lucro de actividades empresariales y profesionales a través de entidades deportivas sin ánimo de lucro». En función de la gravedad, podrán ser sancionadas con hasta 60.000 euros o con otro tipo de medidas como la revocación definitiva de la autorización o licencia. También se estimará que se conculca la norma si se «utilizan símbolos y denominaciones de entidades deportivas sin la debida autorización». Se considerará grave (con multas de hasta 6.000 euros), al igual que los daños en instalaciones deportivas.

Una de las novedades de la ley es la creación del Comité Asturiano de Justicia Deportiva. Será un órgano independiente y se encargará de «todas las cuestiones controvertidas, ya sean de carácter sancionador, disciplinario, de resolución de recursos en el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo o del control de legalidad de los procesos electorales federativos», además de abordar la conciliación de conflictos mediante la vía arbitral o la mediación».

Su composición será paritaria, con «presencia equilibrada entre mujeres y hombres». La limpieza de juego y sus incumplimientos suponen dos de los últimos capítulos. En ellos, el Principado pone sobre aviso: los comportamientos que «revistan carácter de delito o falta penal serán notificados de oficio al ministerio fiscal».