La comisión especial sobre el accidente de Cerredo permanece inactiva siete meses después del siniestro

García, muy prudente en sus declaraciones y evitando en todo momento hacer juicios de valor, no aportó información relevante en relación con el siniestro ni con la responsabilidad política, pero sí desveló la falta de actividad en la comisión especial sobre el accidente, constituida por el Gobierno regional como herramienta clave para esclarecer lo sucedido.

En respuesta a las preguntas formuladas por los diputados Gonzalo Centeno (Vox), en primer lugar, y más tarde por parte de la diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, el compareciente explicó que la reunión celebrada en julio para la reorganización de la comisión con la incorporación de los nuevos miembros fue la última convocada y, según sus palabras, resultó escasamente productiva. «En la última reunión que hemos tenido, para conformar los nuevos miembros, no hemos tenido mucha información porque el proceso está en vía judicial», explicó García. Ante esta respuesta, el diputado de Vox quiso saber si los trabajos de esta comisión estaban «suspendidos» y el compareciente precisó que «estamos a la espera de recibir información que podamos analizar».

Al margen de esta consideración, García respondió a las cuestiones de los diferentes parlamentarios que, en la mayoría de los casos, trataron sin éxito de que el compareciente emitiera valoraciones desde su experiencia como director facultativo de la empresa Orovalle sobre la periodicidad de las inspecciones técnicas en la mina de Cerredo, los plazos en los que recibió autorizaciones, el número de empleados y hasta el capital inicial de Blue Solving, la compañía que gestionaba la explotación en el momento del siniestro. El ingeniero evitó hacer comparaciones alegando que la empresa para la que él trabaja se dedica a la minería metálica, no del carbón, con un volumen de trabajadores muy elevado y una actividad diferente, y justificando además que su ámbito de trabajo es el técnico y no el administrativo. De ahí que los parlamentarios incidieran en estas mismas cuestiones durante la comparecencia posterior, en la misma comisión de investigación, de Nuria Menéndez Martínez, directora general de Orovalle, quien intervino también en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de la Comisión Especial de Investigación del Accidente de Blue Solving.

Menéndez Martínez insistió en que en las reuniones de la Comisión de Seguridad Minera se pone el “foco principal en la seguridad” y no sobre la situación administrativa de las empresas. Y, ante la insistencia de los diputados para que valorara si lo que ocurría en el seno de la mina de Cerredo era “normal”, respondió que “como responsable de una empresa, mi opinión va en la línea de que toda empresa tiene que cumplir con todas las obligaciones en materia administrativa, laboral y fiscal. La consideración de normal —añadió— es un término difícil de concretar”.