La acusada del crimen de Lugones, «sin recibir tratamiento» pese a su minusvalía

El abogado José Luis Álvarez, en el Juzgado de Siero. / PABLO NOSTI
El abogado José Luis Álvarez, en el Juzgado de Siero. / PABLO NOSTI

La madre de Ana García le ha dado al abogado un informe de 2009 del Principado en el que le reconocen a la joven una discapacidad del 69%

J. C. D. SIERO.

La joven Ana María García Hevia -en prisión provisional como presunta autora del apuñalamiento mortal de su pareja en una vivienda de Lugones- no estaba recibiendo ningún tipo de tratamiento, ni medicación, pese a que se le había detectado en 2009 una minusvalía del 69% derivada de «un retraso mental». Así se lo reconoció la madre de la supuesta homicida al abogado defensor, José Luis Álvarez Niño.

El letrado tiene ya en su poder una copia -facilitada anteayer por la madre- del informe facultativo expedido hace nueve años por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, donde se menciona ese grado de discapacidad de la joven -que, por aquel entonces, tenía 20 años-, aunque el certificado no detalla si padece alguna enfermedad mental concreta. Tampoco la madre le supo aclarar el origen de esa discapacidad.

El abogado va a solicitar ahora al Juzgado de Instrucción número 4 de Siero que se dirija a la consejería para saber si constan informes posteriores a 2009 o si hubo algún tipo de seguimiento médico. Y sospecha que en ningún momento se le llegó a declarar una incapacidad.

Por otro lado, la presunta homicida también le comentó al letrado que había cumplido una condena en el año 2015 por un delito de lesiones a una mujer, sin mencionarle en qué cárcel estuvo internada, por lo que va a solicitar sus antecedentes penales. «Si cumplió una pena, suponemos que debió tener un seguimiento de su situación en la cárcel, así que vamos a pedir los informes», dijo. También está a la espera de que se le faciliten los informes realizados por la Policía Científica del cadáver de Miguel Ángel Suárez, de 58 años, y del forense sobre la mecánica de la agresión.

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El abogado pretende aclarar si la presunta homicida puede considerarse inimputable como consecuencia de una enfermedad mental o, al menos, que pueda servir de atenuante ante una posible condena. La jueza deberá dirimir si lo ocurrido en la madrugada del pasado martes en la vivienda paterna de la calle Río Sella fue un homicidio -que conllevaría una pena de diez a quince años de cárcel-, o bien un asesinato, que ya serían de quince años en adelante.

Ella niega el crimen

Según el abogado, su defendida niega haber cometido el crimen, aunque no descarta que pueda tratarse de «una coraza» para defenderse. Ella también le preguntó si su novio «estaba muerto». A la espera de recabar toda la información, Álvarez Niño admite que «hay cosas muy extrañas». Por ejemplo, que la víctima recibiera treinta puñaladas «sin que los padres oyeran nada» cuando también se encontraban en el piso. Esa circunstancia podría abrir la hipótesis de que «estuviera muerto antes del apuñalamiento», comenta el letrado de oficio, quien asumirá la defensa ante la falta de recursos económicos de la familia.

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