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En 2022, el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales del Principado comenzó a hacer estadísticas de los casos de violencia hacia empleados públicos. En aquella ... primera enumeración de casos, el protagonismo absoluto fue para la plantilla de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Tal y como adelantó EL COMERCIO, de los 179 casos registrados, 97 tuvieron como víctimas a profesionales de la red geriátrica pública. El doble que un año antes cuando, sin registro oficial aún, el comité de empresa del organismo que gestiona la atención residencial para mayores de titularidad pública y concertada dio por ciertas 50 agresiones.
En las siguientes estadísticas del Servicio de Prevención y Riesgos Laborales los datos dieron la razón a las plantillas que reclamaban, y reclaman, cobrar el plus de peligrosidad que perciben otros empleados públicos, como son los que dan atención residencial a personas con discapacidad. En la memoria de 2023, de los 227 casos constatados, 113 tuvieron como víctimas a personal del ERA. En la última publicada, la de 2024, de los 265 casos, 90 tuvieron lugar en el ERA. En total, 350 agresiones desde 2021 con un nexo común: el 99% de las agredidas fueron mujeres.
Una realidad que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no ha negado, pero no ha querido unir el término 'peligrosidad' con el nuevo modelo de cuidados de larga duración. Una decisión que ya provocó un largo encierro sindical, en octubre de 2023, que se saldó con el compromiso doble del Principado: analizar el posible pago de ese complemento y aumentar plantilla. En junio de 2025, de nuevo un encierro y, de nuevo, con las mismas peticiones.
Porque, aunque la nueva titular de la consejería, Marta del Arco, dejó claro desde el primer momento que «no habrá líneas rojas» en la negociación y mostró su apertura al pago de ese plus, lo cierto es que el complemento sigue sin aparecer en las nóminas de la plantilla del ERA.
El cálculo del coste ya está hecho y habla de 2 millones de euros al año. Porque el plus se paga de acuerdo a un porcentaje del sueldo y la categoría mayoritaria dentro del ERA es la de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs), es decir, el grupo D.
En ese grupo, la cuantía mensual a sumar a sus nóminas son 61,70 euros. Es, precisamente esa categoría laboral la que más agresiones acumula. En los últimos tres años han sufrido violencia física 296 auxiliares de enfermería, la antigua denominación de las TCAEs. De los 50 casos constatados en 2021 no se conoce el desglose por categoría laboral. «Pero la mayoría serán TCAEs y mujeres, seguro».
Así lo asegura la presidenta del comité del ERA, Belén Ordiz, que está encerrada, como su homóloga del comité de la consejería, Élida Vázquez, y varios compañeros más de ambos comités, en la sede de la Consejería de Hacienda desde el lunes. Una decisión que no tiene precedentes, la de unirse para realizar reivindicaciones conjuntas. «No saldremos de aquí hasta que el Principado no haga una oferta seria y por escrito», insistieron ambas, aunque ahora han cambiado ya de interlocutor. «Pedimos que sea Gimena Llamedo, la vicepresidenta del Principado, la que retome las negociaciones. Porque está claro que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, no tienen interés en ello».
Lo dicen porque «lo único que hemos sabido de ella es que adelanta las reuniones que nos ofrecía ayer. Ahora habla del día 17, pero nosotras pedimos reuniones ya. Basta de tomadura de pelo y ninguneo».
En el ánimo de todos los encerrados pesó el hecho de que hoy, festivo en Oviedo, Martes de Campo, «parece que el Principado también hizo fiesta», sin tener en cuenta, afirmaron, «que los que estamos encerrados estamos aquí dejando a nuestras familias, a nuestros hijos o a nuestros mayores». Especialmente en el caso de los encerrados que son de Oviedo, que no pudieron participar en la tradición del reparto del bollo en el paseo del Bombé.
Sea la consejera, sea la vicepresidenta, las peticiones son claras: «Una propuesta por escrito ya» que incluya solución a los problemas por los que llevan peleando en los últimos años. Unos problemas que ya provocaron un encierro, en aquel momento solo del comité del ERA, durante dos semanas a finales de 2023. Un encierro que concluyó con la promesa del Principado de ampliar plantilla y estudiar cómo pagarles el plus de peligrosidad que piden. Nada de eso sucedió.
Mientras el Principado no dé un paso, la hoja de ruta de las movilizaciones sigue. A las 10 horas del 11 de junio convocan una concentración frente a Hacienda, donde están encerrados los comités. El 20 de junio, corte de tráfico en los accesos a Oviedo. El 25, inicio de una acampada ante la consejería.
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