Archivado el 'caso de las gasas' sobre la muerte de un paciente en un quirófano del HUCA

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La magistrada descarta que existiera negligencia médica y no encuentra pruebas del supuesto olvido de dos compresas dentro del enfermo

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

La magistrada-juez Marta Iglesias López ha cerrado el 'caso de las gasas' tras investigar durante un año y cuatro meses si hubo negligencia médica en la muerte de J. L. G., varón de 44 años que perdió la vida en un quirófano del HUCA cuando se sometía a una segunda operación de corazón. La instructora entiende que ni los médicos ni los enfermeros cometieron una imprudencia que deba ser castigada penalmente. Tampoco encuentra probado que el equipo responsable de la primera intervención dejara olvidada dentro de la cavidad torácica de la víctima dos compresas, como aseguraron los miembros de la segunda operación. Al no haber pruebas del delito perseguido, Iglesias López decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto a los cinco profesionales hasta ahora investigados. El asunto tiene divido al servicio de Cirugía Cardiaca del HUCA por una polémica que ha llegado hasta la Junta General.

En su auto la instructora resume «la profusa prueba practicada». Recuerda por ejemplo que ordenó la exhumación del cadáver para someterlo a una autopsia; aquel informe determinó que J. L. G. pereció por «una hemorragia masiva por una rotura de aorta en el acto quirúrgico, que se complicó con la infección por un hongo, infrecuente en válvulas protésicas y posible causa del debilitamiento de la pared arterial y origen de la hemorragia inicial». La pericial no encontró rastros de las supuestas compresas olvidadas pero agregó que «en el hipotético caso de haber existido, hubieran sido un caldo de cultivo para el desarrollo del hongo, que sin embargo, se hubiera podido producir igualmente al margen de las mismas».

Pruebas reveladoras

La magistrada-juez reconoce que la palabra de los miembros del primero equipo se opone a los del segundo y viceversa, por lo que «ha de acudirse a los datos objetivos que puedan proporcionar una versión más neutral, o si se quiere, más imparcial de lo sucedido». Además de la autopsia, a la instructora le «resultan reveladoras» las pruebas radiológicas y el TAC efectuado al paciente antes de la fatal intervención. En ninguna «fueron hallados restos de material quirúrgico que pudiera haberse olvidado tras la primera intervención», conclusión ya apuntada por la comisión médica que el propio HUCA organizó tras el deceso. «La mayoría de los peritos» que analizaron las imágenes apuntan que «tal olvido, no consta que se produjera», refiere.

La instructora admite que esas radiografías «no suponen una garantía al 100%», pero «su valor como prueba, frente a las interesadas declaraciones de los investigados afectados, es de una notable superioridad objetiva».

A efectos penales, «lo que resulta del todo revelador es el hecho de que, aún cuando se hubiera probado el olvido de dichas compresas en el paciente (cosa que como se ha expuesto, no ha resultado debidamente acreditada), tampoco se ha demostrado el nexo causal entre dicho olvido y la muerte» de la víctima. Esta ausencia de conexión estriba en que «las citadas compresas no fueron conservadas, y que al paciente no se le practicó la autopsia clínica por parte del profesional al que competía ordenarla», que la magistrada indica sería el responsable de la segunda intervención.

Defiende la magistrada que el cirujano del segundo equipo «obró con la diligencia indispensable para el buen éxito de la intervención». También sostiene que un radiólogo equivocó su diagnóstico apreciando un hematoma donde en realidad existía un pseudoaneurisma pero «tal error no puede calificarse como de relevante imprudencia a los efectos de la presente causa penal».