El 20% de los asturianos está en riesgo de pobreza

Una cita en la que el Ayuntamiento de Oviedo ejerció de anfitrión. «Nos estamos encontrando con un nuevo perfil de personas en exclusión, el de personas que han perdido su trabajo y tienen hijos a cargo, sin que haya disminuido el colectivo que ya estaba en riesgo de exclusión», señaló la concejala Marisa Ponga. El Principado por su parte reclamó más financiación. «La responsabilidad de la protección social está transferida a las comunidades, necesitamos la colaboración del Estado, de Europa y del tercer sector. La protección social, las rentas mínimas, la atención a la dependencia depende de las comunidades. Los servicios sociales necesitan una reformulación. Deben tener una atención económica y jurídica como Educación y Sanidad», reclamó la directora de Planificación, Ordenación e Innovación Social, Nerea Eguren.

«Es muy importante que los medios de comunicación pongan el foco en el Pilar Europeo de Servicios Sociales, ya que hay mucho que decidir. Ya sabemos que el 'brexit' supondrá recortes en la financiación», apuntó Sergio Aires.

Unos recortes en financiación que son, a juicio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, los culpables de que el Principado haya vuelto a suspender en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Tal y como ayer contó EL COMERCIO, el Observatorio que analiza la aplicación de norma en el país calificó con un 3,2 la gestión del departamento que dirige Pilar Varela. Asturias no entró en el club de ocho regiones que aprueba y se convirtió en la única del norte en suspender.

«Eso pone de manifiesto el desequilibro de aportaciones», indicó Varela. El informe deja claro que Asturias ha dejado de ingresar del Estado 72 millones, por lo que urge «avanzar hacia un sistema de financiación que tenga en cuenta el coste de las prestaciones». Hoy, de los 964 euros que cuesta una plaza de centro de día, el Estado aporta 47,38. El resto corre a cuenta del Principado y el usuario.