Asturias arranca la negociación de unas cuentas que rondarán los 7.000 millones

El Gobierno de coalición cuenta con el apoyo de los 19 diputados socialistas y los tres de IU-Convocatoria por Asturies, por lo que requiere de al menos un voto más para sacar adelante estas nuevas cuentas de récord, y todos los ojos están puestos esta vez de forma evidente en la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. No obstante, y después de verse obligado a retrasar una semana estos encuentros con todas las fuerzas políticas al desvelar IU que se carecía de un acuerdo previo común, la Consejería de Hacienda mantendrá reuniones el próximo viernes con todos los partidos –salvo Vox– para tratar de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible.

Aunque todas las partes se afanan en mostrar total disposición al acuerdo, lo cierto es que no se espera ningún entendimiento con el PP y, por extensión, con Foro, que este año ha suscrito un acuerdo de colaboración con los populares que, si bien no le impide llegar a acuerdos presupuestarios con el Gobierno, en la práctica le ha sacado del tablero de juego en el que, hasta el año pasado, había venido participando. Los populares reclaman al Gobierno regional que, para sentarse a hablar de los presupuestos, tenga en cuenta las enmiendas parciales del PP a la reforma del IRPF, que buscan eliminar cualquier subida fiscal y adaptar la reforma a la propuesta del PP. Algo por lo que el Gobierno regional no está dispuesto a pasar.

Queda por ver hasta dónde podrá tirar de la cuerda Covadonga Tomé, antes diputada de Podemos y ahora líder de Somas, consciente de que su voto es clave en la negociación, pero también de que nadie entendería que dejara a Asturias en situación de prórroga y por lo tanto sin capacidad para desarrollar muchas de las inversiones ya comprometidas y que ella misma comparte. Por ahora, Tomé ha reclamado que antes de sentarse a hablar de presupuestos se negocien las enmiendas presentadas por su equipo a la reforma del IRPF que, a grosso modo, proponen subidas fiscales a partir de los 120.000 euros, y no sólo a partir de los 175.000 euros, como recoge la reforma propuesta por el Gobierno. Igualmente, en relación al impuesto de transmisiones, plantea aumentar del 15 al 20% el gravamen para la transmisión de inmuebles a grandes tenedores propuesto por el Ejecutivo y, además, aplicar un tipo agravado del 20% a la compra de edificios completos, con el objetivo de frenar la «especulación y la gentrificación».

Teniendo en cuenta que la reforma del IRPF que ya tramita el Gobierno regional es fruto de un acuerdo entre PSOE e IU-Convocatoria por Asturies en el que la coalición de izquierdas ya exprimió al máximo el margen para subir los impuestos a las rentas más altas, parece complicado que los socialistas acepten ahora endurecer aún más la subida a petición de Tomé. Incluso desde IU se entiende como un «error de juicio» y «convertirse en la infantería de la derecha», en palabras de María José Miranda, secretaria de Organización, querer vincular la viabilidad de unos presupuestos progresistas a esta reforma del IRPF. Eso sí, no debe olvidarse que, tal y como está prevista la reforma, supondrá un impacto económico en las cuentas autonómicas de 38 millones de euros. A esta cifra hay que sumar otros 90 millones de euros que, según las primeras estimaciones, habrían tenido las deducciones fiscales en la campaña del IRPF de 2024, y que se mantendrán este ejercicio.

Lo que parece difícil, teniendo en cuenta que se ha presentado una reforma fiscal que supone rebajas a las rentas de menos de 35.000 euros, y por lo tanto al 80% de los contribuyentes asturianos, es que este año el Gobierno regional ponga encima de la mesa nuevas deducciones fiscales, como viene haciendo en los últimos años. No obstantes, todo está abierto hasta que no comience la negociación presupuestaria.

Por el momento, los socios minoritarios del Gobierno ya han manifestado su rechazo a la gratuidad universal de la matrícula universitaria en todos los cursos, un compromiso de Adrián Barbón, y no porque no entiendan que debe ser universal y gratuita, sino porque consideran que antes «deben eliminarse otras barreras que impiden que las clases trabajadoras entren a la universidad, como la vivienda, el transporte o la manutención de los escolares». Mientras eso no esté cubierto, argumentan que la matrícula gratuita para todos sería regresiva y correría el riesgo de convertirse en un elemento de competición con quien sí se puede financiarse este tipo de estudios.