Asturias, entre las comunidades más duras para valorar la discapacidad

Ocurre esto desde que entró en vigor un nuevo baremo. Lo hizo en la primavera de hace dos años y nació a petición de las personas con discapacidad, que reclamaban más agilidad en la valoración y mejores prestaciones, marcadas por un baremo de 1999. Sin embargo, las conclusiones del informe realizado por Cocemfe, «orientado a mejorar el despliegue y cumplimiento del baremo», presenta más sombras que luces.

Así, en la antesala del Día Internacional de la Discapacidad, situación en la que viven 124.120 asturianos, que el mundo celebra cada 3 de diciembre, se vuelve a poner en cuestión el tiempo de espera que tiene una persona para que le sea valorado su grado de discapacidad. En Asturias, lastrada por el colapso en la gestión de estos trámites durante la pasada legislatura, que en esta han pasado a depender de la Consejería de Salud, el plazo medio de espera antes de la entrada en vigor del nuevo baremo era entre 4 y 6 meses. Desde el 20 de abril de 2023, la demora aumentó y se sitúa entre 6 y 7 meses. Es, no obstante, una de las más bajas del país. Las comunidades con mayor agilidad son Extremadura y País Vasco, con cinco meses de espera media, seguidas de Madrid, que llega a seis meses. En la otra cara de la moneda, con más de un año aparece Murcia; con trece meses Andalucía, Baleares, Cantabria; y con más de 15 meses, Canarias. La comunidad con mayores retrasos es La Rioja, donde se supera el año y medio.

Todo porque, como se explica en el informe, «las personas valoradas con el nuevo baremo tienen a esperar más tiempo: el 48% reporta demoras superiores a un año». Además de aumentar la espera, la respuesta final es un recorte de derechos. «El grado de discapacidad reconocido tiende a ser más bajo con el nuevo baremo». Así, «el porcentaje de personas con valoraciones inferiores al 33% aumentan del 33% al 40%». Una tendencia que, indica el informe, «se sostiene en el tiempo y es una de las conclusiones más preocupantes por el impacto en el acceso a derechos».

Lo que ocurre entre la solicitud, con sus retrasos, y recibir el resultado de la valoración, inferior al que otorgaba el baremo de 1999, tampoco es mucho mejor. Entre las personas encuestadas por Cocemfe para realizar este informe, algunos tienen frases que son sentencias: «La doctora me dijo que me diera prisa porque tenía mucha gente. Sin dejarme acabar. Algunos informes se los quedó, otros, me los devolvió». «La doctora que me valoró me trató con desprecio, sin educación ni empatía alguna hacia mi persona. ¿Qué esperaba recibir? Fue su pregunta». «El médico me llegó a decir que yo estaba mejor que él». «Ponía en duda el dolor que padezco a diario. Me sentí juzgada, como que lo que padezco no sería para tanto».

Y no es mucho mejor cuando el que necesita ser valorado es menor de edad. «En cinco minutos te preguntan cuatro tonterías y no tienen en cuenta cómo es el día a día en tratamiento, en casa, citas médicas, esfuerzo, tiempo...»

Por ese motivo, en las conclusiones de su informe, Cocemfe lamenta que «aunque el nuevo modelo de valoración del grado de discapacidad promueve la multidisciplinariedad, la mayoría de las valoraciones siguen siendo realizadas por equipos incompletos». Tanto que «solo el 2% de los casos fueron atendidos por un equipo de cuatro profesionales». Y, recuerda, que las reclamaciones «tienen menos probabilidades de resultar en una mejora del grado reconocido», lo que «podría desincentivar el uso de este mecanismo».