Asturias ve en la concertación social la mejor fórmula ante la transición ecológica

El vicepresidente del Gobierno asturiano y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha defendido este martes la concertación social que se pacta en el Principado al inicio de cada legislatura como la mejor fórmula de gobernanza para afrontar la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono.

En su intervención durante la presentación del Modelo de gobernanza regional para la transición climática de Asturias en el marco de la Cumbre del Clima (COP25) que se celebra en Madrid, Cofiño ha destacado la importancia de que trabajadores, empresarios y Gobierno analicen juntos los mecanismos y proyectos a poner en marcha «para no errar en la estrategia».

En un acto en el que han intervenido también los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, y el vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Guillermo Ulacia, el vicepresidente ha subrayado que la concertación ha sido «un elemento diferencial« que ha permitido a Asturias afrontar las sucesivas crisis económicas.

A su juicio, los principios de ese acuerdo a tres bandas son ahora «más aplicables que nunca» ante la necesidad de identificar todos los impactos negativos a los que habrá que responder en la transición económica y las oportunidades que se deben favorecer para seguir apostando por el progreso y económico y el bienestar social».

Así, ha resaltado que el Gobierno de Asturias está trabajando ya para crear la Comisión de Coordinación de Acción por el Clima en Asturias, cuyo cometido será el diseño de la hoja de ruta de una estrategia de gobierno para integrar transversalmente el cambio climático en todas las políticas.

Aunque Asturias es menos vulnerable al cambio climático por su situación geográfica y orográfica, Cofiño ha señalado que la región es muy sensible a los impactos de la crisis del clima sobre la economía, «por las características de su tejido industrial, muy intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero, y por la existencia de un parque de centrales termoeléctricas basadas en combustibles fósiles».

Cofiño ha recordado que la descarbonización de la economía afecta no solo al sector energético o al minero sino también al del cemento, la siderurgia y la metalurgia, el químico o el transporte, todos ellos con presencia en Asturias, aunque otros pueden verse beneficiados como el turístico, por la suavización de temperaturas; el agrario y forestal y el relacionado con la utilización de biomasa, que puede aumentar su productividad.

Además, ha reiterado la defensa del Gobierno asturiano de una transición «justa e inclusiva» aunque ha admitido que «no va a ser fácil de conseguir que sea pausada, a la vista de indicadores como la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero o la caída de la generación eléctrica con carbón».

Esos datos, ha apuntado, marcan una tendencia que indica que la descarbonización tiene «un ritmo mucho más rápido de lo que se ha marcado en la hoja de ruta española presentada a Europa» por lo que Asturias está obligada a responder «con más agilidad y audacia que en otros lugares para que la crisis climática no traiga como consecuencia una crisis económica y social».

El objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática en 2050 debe incluir en el ámbito industrial, según Cofiño, un «respaldo a la industria mediante un marco regulatorio que impida que sus producciones se vean gravados por un coste medioambiental que no aplican países que no han iniciado aún su transición ecológica.

Además, ha incidido en las partidas económicas que se será necesario incorporar cada año en los presupuestos para responder adecuadamente a los efectos del cambio climático «y prevenir y paliar las consecuencias de una meteorología más extrema y que previsiblemente será cada vez más frecuente».

Así, en el ámbito de las infraestructuras ha mencionado la defensa ante inundaciones y avenidas en zonas fluviales, la protección de la costa y de las infraestructuras portuarias o la prevención de argayos, actuaciones a los que habrá que destinar recursos crecientes así como a la respuesta a la mayor virulencia de plagas, especies invasoras, olas de calor o situaciones meteorológicas que propicien una mala calidad del aire.