Asturias recaudará ocho millones más del impuesto a grandes superficies

Dolores Carcedo./Álex Piña
Dolores Carcedo. / Álex Piña

La sentencia del Supremo que avala el gravamen autonómico permite el Principado cobrar los intereses por las cuantías no satisfechas por las empresas para liquidar el tributo

EFE

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que avala el impuesto autonómico asturiano sobre grandes establecimientos comerciales permitirá al Principado incorporar a su presupuesto ocho millones de euros en concepto de intereses por las cuantías no satisfechas por las empresas para liquidar el tributo.

El impuesto fue aprobado en 2003 para compensar el impacto medioambiental de la actividad de dichos centros y registró desde su implantación una elevada litigiosidad, incluido el recurso de casación interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) resuelto ahora por el Supremo.

Según ha señalado hoy la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, se trata de una noticia «muy positiva», que se une a anteriores resoluciones favorables al Principado por parte del Constitucional y del Tribunal de Justicia de la UE, después de varios años en los que el Gobierno regional defendió que el tributo era constitucional y no contravenía la normativa comunitaria.

A la espera de que se resuelva un recurso aún pendiente ante el TS sobre el modelo de autoliquidación del impuesto, esta sentencia permitirá al Principado «regularizar» y «normalizar» la gestión de dicho tributo dado que, hasta ahora, algunas empresas optaban por no pagarlo y presentar avales a la espera de la decisión judicial.

De esta forma, y a la espera de cerrar las cifras de forma definitiva, el Principado incorporará a su Tesorería 44 millones de euros de los que sólo ocho serán ingresos presupuestarios nuevos procedentes de los intereses de las cantidades que las grandes superficies no habían ingresado hasta ahora.

Carcedo ha señalado que, a medida que se fueron produciendo sentencias favorables al Principado, la litigiosidad se fue reduciendo y las empresas fueron pagando progresivamente el tributo para el que se presupuesta anualmente una previsión de ingresos de unos ocho millones de euros de los que, desde 2015, ya se venían recaudando aproximadamente cinco en cada ejercicio.

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