Asturias rechaza aumentar la protección del lobo porque «complicaría su gestión»

Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, con las poblaciones más numerosas y con mejor estatus de conservación, rechazan aumentar la protección del lobo porque «complicaría su adecuada gestión». Defienden la necesidad de compatibilizar la existencia de manadas presentes en el medio rural con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones.

Estas cuatro comunidades consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una propuesta que el Gobierno central analiza desde hace varios meses, lo que ha provocado la inquietud de las cuatro comunidades, que enviaron una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmada por los consejeros correspondientes.

La oposición de las comunidades que suscriben la carta se basa en que sería totalmente opuesta a las políticas desarrolladas en estas autonomías en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva. Además, plantean que conceder al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una decisión contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, que cuentan con importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio.

Esto las llevaría a sufrir las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales. Asimismo, aseguran que estos cambios en cuanto al nivel de protección del lobo ibérico podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona. Las autonomías señalan en la misiva que han «elaborado y aprobado planes de gestión del lobo que tienen como objetivo su conservación». Con esos planes, han conseguido -indican- que «las poblaciones mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, que se favorezca esta especie como recurso turístico y que aumente valoración de los vecinos». Añaden que «si bien es cierto que todos creemos que es necesaria una nueva estrategia nacional liderada por ese ministerio y consensuada con las comunidades autónomas loberas»,

Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria piden que se cumplan y respeten los procedimientos administrativos y el actual marco competencial en el cambio del estado legal del lobo, «que en su actual propuesta en ningún caso responde a un consenso jurídico, técnico o científico».

Las comunidades autónomas subrayan lo que supone la ganadería extensiva en todos sus territorios.