Aucalsa y otros tres peajes han ganado ya 1.424 millones con la privatización que la UE ve ilegal

Si 5.000 personas se echaron a las calles de Oviedo para reclamar el fin de un peaje con concesión en vigor hasta el año 2050 es gracias a la Comisión Europea. Una denuncia primero de la asociación de consumidores gallega En Colectivo y otra posterior del exdiputado de Podemos Daniel Ripa provocan que los juristas de Bruselas revisaran la legalidad de la AP-9 gallega y el Huerna. Como se ha repetido, consideraron que la prórroga de las concesiones en ambas autopistas (de 25 años en la AP-9 y de 29 en la AP-66) vulneró la directiva de contratación pública aprobada en 1993, que dada la entidad de la operación no se podía alargar de forma directa esos contratos, pues había que licitar otros nuevos.

Pero hay un segundo hito que la Comisión reputa igual de ilegal. Y es «la venta pública en el año 2003 de la Empresa Nacional de Autopistas S. A. (Enausa), titular de las acciones de las concesionarias de la AP-9 y la AP-66, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)», según la documentación de Bruselas consultada por este periódico. Aquí la Comisión entiende que la privatización vulneró la legislación al no haberse anunciado previamente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Eso, a su juicio, dificultó que inversores de otros países acudieran a la puja.

La transacción cuya legalidad cuestiona ahora Bruselas se cerró el 28 de mayo de 2003. Un consorcio formado entonces por el Grupo Sacyr (al 50%); Torreal, el fondo de inversión de la familia Abelló (al 5%), el entonces banco Santander Central Hispano, SCH (20%), Caixa Galicia (10%), Caixanova (10%) y El Monte (5%) se hizo con Enausa por 1.586 millones. La mayor parte de ese dinero ni siquiera tuvieron que desembolsarlo; 1.300 millones que cobró la SEPI los captaron los inversores mediante créditos. Los bancos entendían que estaban ante una apuesta segura, que podrían cobrarse esa hipoteca.

El propio consorcio comprador anunció en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV) que consideraba la adquisición «una operación muy rentable». Que «los ingresos que se generarán a lo largo de la vida concesional» esas autopistas superarían los 25.800 millones. «La rentabilidad esperada para los capitales invertidos se prevé que no baje del 10%», confiaba.

La realidad de los números evidencia que aquel fue un anuncio hecho desde el pudor. Comprar Enausa suponía hacerse con el 100% de las acciones de Audasa (la concesionaria de la AP-9), Aucalsa (la de la AP-66), Autoestradas de Galicia (por entonces con la AG-55 Coruña-Carballo) y el 50% de Audenasa. El paquete incluía otras infraestructuras en ejecución y participaciones minoritarias en Sudamérica.

Si el foco se centra en esas cuatro concesiones principales, resulta que según la Delegación del Gobierno en las autopistas de peaje, desde 2004 y hasta 2023 acumulan una recaudación conjunta de 4.361,1 millones sólo en peajes. Una vez sufragados los gastos de plantilla, de inversión, de amortización, una vez atendidas las letras de las diferentes hipotecas, hechas las reservas legalmente exigidas y atendidos los impuestos, esas acciones han reportado un beneficio de 1.423,6 millones.

Es decir, el 32,7% de la facturación se salva como ganancia, un nivel de rentabilidad que ofrecen pocos sectores. En el análisis por autopistas, la concesión que generaría más ganancias sería la de Audenasa; si se toma como referencia que lo privatizado entonces era el 50% de sus acciones entre 2004 y 2023 esa mitad de la empresa equivalió a 434,5 millones de ingreso y un derecho sobre 226,5 millones de beneficios. Aquí los informes de la delegación solo ofrecen el dato en ganancias antes de impuesto. Sería una rentabilidad del 52% sobre lo cobrado, con esa salvedad.

Autoestradas por su parte convierte en ganancias el 41,1% de lo que factura, aquí ya sí computado como beneficio después de impuestos. La AP-9 arroja ganancias sobre el 33,5% de la recaudación mientras que Aucalsa limita al 15% sus ganancias. Salvo que los jueces digan lo contrario, aquí hay negocio para rato: la concesión de Audenasa termina en 2029, la de Autoestradas es hasta 2045, luego vendría la AP-9 en 2048 y la última sería el Huerna, con contrato hasta 2050.

Matiz importante. En ocasiones el análisis histórico de las autopistas se hace poniendo el foco en la inversión amortizada, esto es, en ver cuánto de la inversión en la construcción y mantenimiento ha podido recuperar la concesionaria. Es una lectura incompleta. Según los expertos financieros consultados, en negocios de este calibre la concesionaria en realidad tiene pocos estímulos para acelerar la amortización. Destinar capital a saldar esa cuenta mermaría la indemnización que cobraría la empresa caso de que la administración rescatara la concesión. Además los fondos que agote en la amortización son dineros que no podría retirar como dividendo. De ahí que, dentro de lo que permite la legislación y la supervisión que hace el ministerio sobre el sector, se juegue con las partidas para ir demorando la amortización y tener más margen de beneficio.

Este enfoque resulta de mayor interés en casos como este, en el que los inversores primigenios que se hicieron con las concesiones pasaron dificultades económicas que llevaron al Estado a tener que intervenir y hacerse con las empresas, agruparlas en Enausa, sanear buena parte del balance con fondos públicos y prorrogando las concesiones para luego privatizarlas de nuevo.

Tras comprarlas a la SEPI, el consorcio inversor integró las concesionarias analizadas dentro de Grupo Itinere, que ha ido cambiando con el tiempo su composición accionarial. Actualmente está controlada por Swiss Life –una compañía de seguros de vida y planes de pensiones suiza– y por APG, fondo de pensiones de Países Bajos, tras una operación de compra de títulos autorizada en septiembre por la Comisión Europea. Es decir, la mayoría de las ganancias que generan las autopistas redundan en beneficio de empresas extranjeras vinculadas a las pensiones. Estas relaciones financieras complican las peticiones de Asturias, Galicia y Castilla y León al Gobierno central para que proceda al rescate de las concesiones. Dar ese paso abocaría a una cadena de litigios de los accionistas para defender cobrar la máxima indemnización posible.

Pero, ¿cómo se llegó aquí? ¿Cómo fue la privatización que la Comisión pone en duda? También en ello hay puntos de interés.

Según los expedientes que pudo analizar EL COMERCIO, el proceso de venta comenzó en junio de 1996 mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. Se ordenó que por un lado una empresa pública (Seppa) asumiera la búsqueda de un asesor financiero para la operación, mientras otra distinta (SEPI) localizaría al asesor externo encargado de valorar las ofertas futuras.

Nótese que la operación comenzaba así apenas un mes más tarde de que José María Aznar tomase posesión como presidente del Gobierno central. Es de subrayar que la cosa nace cuatro años antes de que el Ejecutivo aprobara el Real Decreto 302/2000 que fue el que amplió la concesión del Huerna en 29 años más. Es decir, cuando aplicó esa prórroga ya llevaba tiempo trabajando en la privatización de las acciones.

Esa es una de las razones por las cuales la Comisión Europea viene desestimando los argumentos del Gobierno de Pedro Sánchez en favor de la legalidad de lo hecho. El Ejecutivo central quiso que Bruselas aplicara en la cuestión la llamada 'excepción in house', un principio que permite a la administración modificar contratos sin concurso si el adjudictario pertenece al sector público. En efecto, en el año 2000 Aucalsa estaba dentro de Enausa, sin embargo la Comisión rechaza aplicar la excepción 'in house' porque considera que todo está relacionado. Que al ampliar en 29 años la concesión lo que se buscaba era incrementar el valor del contrato que ya se estaba trabajando en privatizar.

Pero volvamos a 1996, a aquel inicio del proceso de venta. SEPI invitó a ocho consultoras a ejercer de asesor financiero de la operación; de ellas cinco optaron al encargo y finalmente se hizo con el mismo Argentaria (banco que hoy forma parte del BBVA).

Desde el punto de vista del Estado, sacar el mayor beneficio posible requería contar con un buen asesor independiente por un lado, y por el otro atraer al mayor número de inversores privados, darles tiempo suficiente para que preparen sus propuestas y luego instigar una competencia en la que fueran subiendo la oferta. ¿Se hizo eso? Solo en parte.

Se empezó mandando una carta invitando a participar al concurso a 52 constructoras y entidades financieras. Luego se publicaron anuncios en tres diarios nacionales y otro internacional. Ahí está el error que, a ojos de Bruselas, lo desbarata todo. La directiva de contratos públicos de 1993 dedica buena parte de su articulado a detallar que las licitaciones que entonces superaban los cinco millones de ECUS (divisa previa al euro) debían ser publicadas en el Diario Oficial de la UE, especificando cómo, con qué antelación y qué grado de detalle.

Los Abogados del Estado que tutelaron el proceso no habrían observado esa exigencia. A ojos de la Comisión Europea esa omisión explicaría en parte por qué no acudieron inversores de otros países a la puja. Al final de aquellos 52 invitados iniciales se pasó a 21 aspirantes en solitario o coaligados que presentaron sus credenciales interesándose por la venta. Uno de ellos resultó expulsado porque la documentación registrada era insuficiente.

Con los 20 que seguían en liza se practicó un proceso por fases, estableciendo requisitos a cumplir en un plazo determinado si no querían correr la misma suerte. Esas eliminatorias provocaron que a la última prueba solo llegaran cinco aspirantes.

El 14 de mayo se les anunció que solo doce días después se lo jugarían todo a una carta. Debían acudir entre las 17.30 y las 18.00 horas a un notario y dejar en un sobre su oferta final. Quien más dinero ofreciera se llevaría todo el negocio de Enausa. No había opción a pujar por lotes. Era todo o nada. Antes de esa hora los aspirantes debían haber consignado una fianza del 2% del presupuesto que fueran a ofertar.

Solo tres de los cinco postulantes fueron capaces de cumplir dicho nivel de exigencia. El consorcio liderado por Sacyr, queda dicho, se hizo con el «muy rentable» negocio por 1.586 millones, la mayor parte de los cuales va devolviendo a los bancos a plazos. El dinero lo cobró la SEPI, que meses después dejó de estar controlada por un Gobierno del PP para ser otro socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que pudiera gestionar el destino de su presupuesto.

Al otro lado de las concesiones quedaron unos inversores que, tras atender sus obligaciones, ya han retirado 1.423 millones en beneficios. Sus abogados defenderán que así siga siendo.