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EFE
Oviedo
Jueves, 26 de noviembre 2020, 15:16
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La Audiencia Provincial de Oviedo ha ratificado la pena de cinco años de cárcel y el pago de una indemnización de 1,3 millones de euros impuesta a los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, propietarios de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo), por cinco delitos contra la Hacienda Pública.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial han confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo que juzgó la causa en 2016 y que sólo revocan en el sentido de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, aunque esta circunstancia no influye a efectos de la condena establecida.
El juzgado había condenado a sendas penas de cinco años de cárcel a Víctor Manuel y a su hermano José Roberto Muñiz, el primero como autor, y el segundo como cooperador necesario, por tres delitos en el régimen de tributación del Impuesto de Sociedades de los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008 y otros dos delitos por el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de 2007 y 2008.
La Fiscalía les acusaba de haber eludido el pago de impuestos mediante una doble contabilidad donde incluían como deducibles gastos que no deberían estar contabilizados como tales, por tratarse de donaciones o liberalidades o por corresponderse con gastos de los que, aunque dispusieran de la correspondiente factura, no existía la entrega de bienes o prestación de servicios.
Las defensas habían negado la validez de la prueba al aducir una pérdida en la cadena de custodia de la documentación incautada, así como que el volcado de los datos del lápiz USB incautados en la sede de la sociedad se habría realizado sin presencia del secretario judicial.
Sin embargo, el juzgado advertía en la sentencia de que la «controvertida» documentación, tanto en soporte informático como en papel, intervenida en las oficinas de Igrafo, el 24 de enero de 2011, respondía a una «realidad contable oculta frente a la oficial» con la que operaba la sociedad. Los hermanos Muñiz interpusieron un recurso de apelación ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que ha ratificado la sentencia.
El juicio contra los propietarios de Igrafo respondía a una pieza separada del denominado «Caso Marea» por corrupción en la adjudicación de contratos en la administración regional, por el que Víctor Manuel Muñiz fue condenado a una pena de seis años y medio de cárcel, posteriormente rebajada a cinco años y dos meses por el Tribunal Supremo (TS). La resolución que ya es firme por lo que no cabe interponer recurso ordinario.
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