Cogersa identifica a 37 concejos que reciclan menos de un 10% de sus desperdicios

España se encuentra entre los 14 países a los que la Unión Europa dio el pasado año un tirón de orejas por su retraso en el reciclaje. La directiva comunitaria de residuos establecía objetivos ambiciosos para el 2020 que Bruselas quiere seguir endureciendo en los años venideros. El problema es que, a punto de llegar a ese primer examen, son multitud los territorios lejos de cumplir uno de los parámetros marcados. Concretamente el que exige que el año que viene «la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso», según estipula la ley.

El Principado sostiene que la fecha límite para cumplir esa meta es a finales del próximo año. Asturias se esfuerza pero sigue lejos, según constata la última memoria anual que acaba de publicar el consorcio de gestión de residuos (Cogersa). Recuerda que el pasado curso Sobrescobio, el líder en la materia, dejó el 23,15% de su basura producida en los contenidos de reciclaje y puntos limpios. Les siguen los gijoneses, con un 22,64%, y los ovetenses, con un 22,39%.

El furgón de cola es amplio. Son 37 los concejos donde la tasa de reciclaje queda por debajo del 10%. La lista incluye a municipios de las alas y el centro, pequeños y grandes como Lena (7%) y Llanes (9,43%). Un matiz. La proporción de basura a reciclar se calcula sobre las toneladas arrojadas en los contenedores. Es decir, esos residuos que en la zona rural son aprovechados en las propias casas escapan a la estadística. También los desperdicios comerciales que se gestionan al margen de Cogersa.

La memoria constata que, aunque el resultado quede lejos de lo deseado por la UE, los asturianos se esfuerzan. Se recogieron un 4,98% más de papel, cartón, envases ligeros, botes y botellas de plástico en los contenedores específicos para ello. Al acabar el año cada asturiano había sacado de su hogar 51,42 kilos de desperdicios en bolsas para reciclar. La cosecha de los contenedores azules, verdes y amarillos alcanzó así las 49.526 toneladas, un 8% más que en 2008. El progreso es más notable si se tiene en cuenta que ahora hay unos 43.000 vecinos menos que entonces.

El talón de Aquiles de la gestión asturiana sigue en la bolsa negra, esto es, la que reúne el resto de desperdicios que salen de cada casa. Por esa vía los asturianos arrojaron 388.505 toneladas, la mayor cantidad desde 2012. Todas acabaron directamente en el vertedero, algo que vulnera la legislación comunitaria y nacional.

La directiva 1999/31/CE especifica que «los Estados miembros tomarán medidas a fin de que solo se depositen en un vertedero los residuos que hayan sido objeto de tratamiento». Parte de los administraciones trataron de salvar la papeleta haciendo una interpretación amplia de lo que supone «tratar» la basura, estrategia que abortó en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de la UE. Italia intentaba convencer a los magistrados de que prácticamente mover en camiones las bolsas desde los contenedores hasta el basurero era un proceso de tratamiento. La sentencia que la condena a pagar 40 millones aclara que no, que los gobiernos están obligados a procesar todos los desperdicios y que para ello han de «aplicar el tratamiento más adecuado».

Asturias es la comunidad que más incumple ese precepto, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Su última memoria al respecto, con datos de 2016, estima que aquí se arroja al vertedero de forma directa el 74% de la basura urbana, la mayor proporción del país. Madrid es el segundo con el 43%. Que las cosas se pueden hacer de otra forma lo demuestra el hecho de que el promedio nacional de desperdicio que muere en el vertedero sin ningún intento de recuperación es del 18,9%.

Cogersa está trabajando para resolver este retraso. El pasado curso contrató por 53,2 millones el proyecto y obra de una planta que se dedicará a abrir esas bolsas negras y rescatar de ellas los materiales susceptibles de aprovechamiento. Se espera que empiece a funcionar en fase de pruebas en 2023. Con eso y con la extensión del contenedor marrón para el reciclaje de desperdicios orgánicos, el Principado aspira a que la ciudadanía dé un salto adelante en la materia.

Ambas iniciativas llegan tarde respecto a los mandatos de la UE, pero hay razones para confiar en su efecto. El informe de Transición Ecológica considera que, pese a todo, los asturianos son a los que cabe atribuir la proporción más alta de reciclado procedente de recogida separada. Es decir, que cuando se ponen medios, se consigue respuesta.