CC OO desvela nuevas ilegalidades «brutales» en la mina de Cerredo y un «fallo claro» del Principado

Según Vázquez «no se necesita tanta cantidad de producción para fines de investigación. Lo más probable es que el carbón que extraían lo vendieran. Es mucho volumen, el tonelaje que se aprobó fue desmesurado».

Además, el miembro de la Comisión de Seguridad Minera aseguró que resulta «totalmente inadmisible» que la última visita que se hiciera a la mina de Cerredo fuese 8 meses antes del accidente. «Las visitas no se tendrían por qué avisar, aunque podrías avisar con uno o dos días de antelación, de esa manera la empresa no tendría tiempo de ocultar nada. Porque lo que ocurre es que en la mayoría de las inspecciones, y mucho más en una mina de cinco plantas, la empresa te muestra lo que ellos quieren que veas», explicó Vázquez.

Añadió que «hubo un fallo claro de la autoridad minera. Porque las inspecciones tenían que haber sido mucho más frecuentes, sobre todo, después del accidente de agosto de 2022 donde ya hubo claros indicios de la extracción ilegal de carbón», explicó.

Para Vázquez hubo una serie de incumplimientos, primero y esencialmente por parte de la empresa y luego por parte de la Administración. «Blue Solving tenía un permiso de investigación en la primera planta y únicamente un permiso para el almacenamiento de chatarra, en los pisos 2, 3, 5 y 6», subrayó.

Por otra parte, Luis Javier Vázquez comentó que la explotación tenía «una ventilación natural muy buena en la tercera planta, pero no contaba con ventilación asistida ni sistema eléctrico para la ventilación. Tenían a los trabajadores en unas condiciones penosas porque no tenían ni siquiera sistemas de seguridad. Sólo tenían un grisúmetro y es obligatorio que cada minero lleve un equipo de autoventilación».

Añadió que «hubo muchas ilegalidades por parte de la empresa y también irregularidades por parte de la Administración. Otra de las ilegalidades es que la empresa tenía trabajando a un vigilante que estaba prejubilado. Y estando prejubilado no puedes trabajar».

Según el experto, la ley obliga, desde el punto de vista laboral, a controlar y vigilar los procesos constantemente porque «la falta de vigilancia puede conllevar a esto, a cinco muertos».

También explicó que posterior al accidente de la mina de Cerredo se paralizó, una semana después, por una falta administrativa la explotación de la empresa TYC Narcea. «Resulta curioso que una semana después del accidente del Cerredo paralizaron la actividad de TYC Narcea, ¿por qué eso no lo hicieron antes? Eso demuestra la falta de vigilancia». Con todo el delegado de CC OO defendió la calidad del material que sale de la mina de TYC y la oportunidad de esa actividad.

Además, denunció que actualmente la empresa Blue Solving no ha pagado los meses de junio y julio a los trabajadores que resultaron heridos en el accidente del 31 de marzo de 2025. «He hablado con ellos y me comentan que la empresa no les ha pagado esos dos meses», expuso.

Por último, indicó que hubo un fallo «administrativo y de información o comunicación» dentro de las propias consejerías en el momento en que llegó un correo electrónico anónimo denunciando la situación irregular de la mina. «Nadie hizo caso a ese correo en un año, donde ya se advertía de la situación. Yo eso lo atribuyo a un fallo de comunicación, pero también a una actitud poco diligente de la Administración», apostilló el compareciente.

En la misma línea, el miembro de la Comisión de Seguridad Minera y director de Minería de Hunosa, Jesús Fernández Fernández, señaló que posterior al accidente de Cerredo, el proyecto de investigación complementario que tenía Blue Solving «no se abordó a fondo en la Comisión. Siempre se trató muy por encima. Pero 60.000 toneladas, sin duda, es una cantidad delicada y un volumen importante o abultado que puede generar dudas», sobre todo por el tamaño que tiene la mina de Cerredo.

Fernández aseguró que aunque nunca visitó personalmente la mina de Cerredo, después de un accidente como el ocurrido en marzo de 2025, «lo único que procede es el cese de la explotación, y más aún cuando hay ilegalidades de por medio».

Además, manifestó que se hicieron pocas inspecciones a la mina de Cerredo, pero que ello depende también «de los tipos de permisos que tiene la empresa. Si no hay sospechas de que se está haciendo algo ilegal, es normal que no se hagan tantas visitas. Otra cosa es que la empresa te engañe y haga algo diferente a lo que dijo que realmente haría».

Sin embargo, Fernández ensalzó la labor de la Dirección General de Minas, que «hace un trabajo ejemplar. Yo creo que hacemos en el Principado una gran inspección minera» aunque reconoció que «quizás hizo falta algo más de seguimiento»

Por último, el miembro de la Comisión de Seguridad Minera y representante de Soma-UGT José Catalino Fernández Suárez afirmó que en las actas hay evidencia suficiente desde el año 2023 que en la mina de Cerredo se extraía carbón. «Incluso ya en ese momento habíamos propuesto inhabilitar a la empresa», dijo.

Con respecto al proyecto que permitió a Blue Solving extraer 60.000 toneladas de carbón, Fernández reconoció que se trata de «una cantidad llamativa, pero desconozco el volumen necesario que se utiliza para las pruebas industriales. Aunque es un volumen importante», dijo.

Añadió que «nosotros Soma-UGT no hubiésemos aprobado un proyecto así, sobre todo si había indicios de ilegalidad». Y continuó: «Tanto la empresa como la Administración pudieron haber sido más diligentes»

El representante de UGT señaló que en las actas de la Comisión también se habló de la necesidad de aumentar el número de visitas a la mina. «Se podían haber hecho más visitas, eso está claro. Esto hubiese obligado a la empresa a mejorar la seguridad, aunque eso no hubiese sido decisivo, porque la empresa si quiere esconder algo lo puede esconder», subrayó.