La concertada se muestra «esperanzada» tras su primer encuentro con la consejería

La semana pasada, el Gobierno del Principado anunció que no destinaría nada de los 30 millones del fondo estatal para Educación a la enseñanza concertada. Y en esta red saltaron las alarmas: protestas, amenaza de movilizaciones y tribunales... Tras unos días de cruce de declaraciones, la consejera mantuvo ayer un encuentro con la concertada. Primero, con Escuelas Católicas y, después, con la Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas). Ambas partes se mostraron ayer «esperanzados» tras las reuniones. Simón Cortina, presidente de Escuelas Católicas, explicó que la Administración se mostró dispuesto a estudiar sus necesidades. De tal modo, que a finales de esta misma semana la asociación trasladará a la consejería el número de aulas y de docentes que necesitan para cubrir los desdobles necesarios para atender al protocolo de seguridad de la COVID. «Les presentaremos nuestras necesidades y tendrán que financiarlas. Somos centros sostenidos con fondos públicos», dijo Cortina, quien defiende que además sería ilegal realizar contrataciones de personal al margen de los acuerdos de concertación.

Una de las cuestiones más importantes que se trataron ayer es la posibilidad de establecer grupos 'interniveles'. Es decir, agrupar en una misma aula alumnos de primero y segundo de Primaria, por ejemplo, con el fin de organizar clases de máximo 20 estudiantes.

Por su parte, Otecas se fijó el objetivo de trasladar al Gobierno (en la reunión también estaba presente el consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño) la «realidad» de la escuela concertada. «El vicepresidente se mostró receptivo a nuestras demandas y se comprometió a hacer lo posible por aproximarnos a esa igualdad dentro de la escasez de recursos». La organización considera «positivo» este acercamiento, que deja la puerta abierta a que la concertada reciba una parte del fondo 'extra' aprobado por el Gobierno, pese a que el propio Adrián Barbón había alegado que el dinero ni siquiera cubría las necesidades de la red pública.