El Principado podrá obligar a las empresas a comprar tecnología para frenar las emisiones

El futuro decreto será de aplicación a todas aquellas instalaciones industriales que desarrollen actividades potencialmente contaminantes y que operen bajo una autorización ambiental integrada, una autorización y comunicación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, una autorización de vertido al mar, de vertido a sistemas públicos de saneamiento o en materia de producción y gestión de residuos. Están excluidas expresamente las empresas que cuenten con autorización para realizar vertidos al dominio público hidráulico, ya que la competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, o a los sistemas públicos de saneamiento de titularidad municipal, ya que estos dependen de los ayuntamientos. Así, se calcula que sean más de un millar las empresas asturianas que se verán afectadas por este decreto. Deberán atender una serie de obligaciones generales, como obtener las autorizaciones pertinentes, remitir al Principado la información de seguimiento ambiental, facilitar las inspecciones o informar de manera inmediata de cualquier anomalía en el funcionamiento de la instalación que pueda suponer una amenaza o un daño al medio ambiente, entre otras cuestiones.

Y también habrán de hacer frente a obligaciones sobre el control de las emisiones. La primera pasa por cumplir por los valores límite establecidos en sus autorizaciones ambientales, pero hay otra que permitirá la modernización de la lucha contra la contaminación, como es la obligatoriedad de minimizar tanto las emisiones canalizadas como las difusas «aplicando las mejores técnicas disponibles».

Es más, el decreto del Principado añade que deberán adoptar, cuando se trate de focos canalizados, los «procedimientos de dispersión más adecuados» que minimicen el impacto ambiental en su zona de influencia. Para tener un mayor control sobre las emisiones, las empresas habrán de realizar análisis internos y externos específicos, con mediciones «en continuo» de esas emisiones, así como mantener un registro de todos los controles realizados y remitir los correspondientes informes a la Administración regional.

Otra novedad importante es la labor inspectora que se llevará a cabo. Las habrá programadas -de oficio- y no programadas, en respuesta a denuncias, accidentes o incidentes ambientales. Los funcionarios habilitados para realizar estas labores inspectoras tendrán la consideración de agente de la autoridad, por lo que podrán recabar la colaboración y el auxilio de otros empleados públicos y autoridades.

Sus objetivos serán lograr un alto nivel de protección ambiental y comprobar que todas las instalaciones operan bajo las condiciones establecidas en sus autorizaciones. También habrán de determinar la eficacia de las medidas de prevención y protección ambiental de las empresas y detectar las instalaciones no autorizadas.

Los inspectores no estarán solos en este trabajo. El proyecto de decreto prevé que se apoyen en entidades de inspección y laboratorios de ensayo acreditados e inscritos en el Registro de Organismos de Control Ambiental. Habrán de desarrollar su actividad en campos como la atmósfera, las aguas, los residuos, los suelos contaminados y el ruido; siempre contando con la debida acreditación.