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Coronavirus | La pandemia atasca la atención al ciudadano en ambulatorios, Seguridad Social y oficinas de empleo

Coronavirus | La pandemia atasca la atención al ciudadano en ambulatorios, Seguridad Social y oficinas de empleo

Desde 2007 la plantilla de funcionarios estatales se redujo un 24% y ahora deben gestionar un alud de ERTEs y peticiones del Ingreso Mínimo Vital

Ramón Muñiz

Gijón

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Jueves, 24 de septiembre 2020, 01:23

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Un gijonés tiene una avería que le impide hablar por teléfono pero para solventarla su operadora, Yoigo, responde a los mensajes indicando que lo que tiene que hacer es llamarles por teléfono y aportar los datos. Ocurre estos días y no es noticia porque el absurdo de determinadas empresas con la atención telefónica hace tiempo que entró en la categoría del realismo mágico. La novedad es que la pandemia ha contagiado ese caos a parte de la administración pública.

Para prevenir los contagios de la covid-19 espacios antes destinados a la atención del ciudadano se mantienen cerrados, obligando a los usuarios a recurrir a teléfonos y mensajes por ordenador. Hay departamentos que funcionan bien y problemas «en los servicios que la propia pandemia ha sobrecargado», apunta Javi Villa, portavoz del Conceyu por Otra Función Pública. Las quejas se están produciendo, sobre todo, en la atención médica y las gestiones que implican a la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo. Es decir, pensiones, ERTES, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Al problema ha puesto rostro el actor Antonio Resines, personándose ante las cámaras ante una oficina de la Seguridad Social y reclamando ser atendido. Del lado empresarial, la frustración remonta con la tramitación de licencias. «Me obligan a pedir cita telefónica, me asignan un funcionario municipal para hablar pero luego, el que me atiende, dice que no me puede resolver nada porque él en realidad trabaja en ese área pero el que lleva mi expediente es otro colega con el que no me puede pasar», lamenta un emprendedor que por estas cuitas sigue con el negocio cerrado.

Hay varios factores que explican este rechinar de dientes. Ricardo Aguirre, representante de CSIF en las oficinas de la Administración General del Estado lo ve así: «El mayor problema es la sobrecarga provocada por los tres meses de confinamiento, que ha ido generando retraso en las tramitaciones normales; a eso añades luego que para atender las necesidades de la pandemia se ha aprobado de forma rápida legislaciones como la del IMV, que es muy difusa y con condiciones que provocan que la mayoría de las peticiones, al analizarlas como nos piden, resulta que vienen mal». Lo mismo vale para los ERTEs. El camino habitual para sacar uno adelante pasa porque la empresa se lo comunique a su asesoría, esta pida la autorización al Principado, el Principado se comunica con Inspección de Trabajo y al final de la cadena el Servicio Público de Empleo es el encargado de vérselas (o llamar) al ciudadano. «Basta que en ese camino un DNI tenga mal un número, el ciudadano no actualizara su dirección o venga una coma mal puesta para tener que abrir una incidencia», apunta Aguirre.

A la complicación de los procesos burocráticos y el 'boom' de ERTEs y peticiones del IMV, hay que añadir que su gestión corresponde a los funcionarios del Estado en Asturias, un cuerpo mermado en la región. En enero de 2007, antes de que estallara la crisis, se contaban 11.664 empleados de la administración general del Estado en la región; este año eran 8.874. Es decir, el trabajo se está sacando adelante con un 23,9% menos de trabajadores. «La legislación que se aprobó con la crisis impedía reponer al compañero que se jubilaba, y eso ha supuesto que al que quedaba le aumentaba la carga», señala el representante de CSIF. El argumento de la falta de personal es extensivo a los ayuntamientos de la región, que desde 2007 han adelgazado sus plantillas un 19,5%.

Hay menos personal en esas oficinas y la pandemia y las medidas aprobadas por el Gobierno central les han redoblado la presión. Un ejemplo, el del Servicio Público de Empleo en la región. Tiene unos 300 empleados; en marzo tramitaban 14.000 expedientes, en abril 55.000, en mayo 45.000, 36.000 en junio y 57.000 en julio. «Estamos esperando otra avalancha en los meses venideros», previenen los trabajadores. Aunque hay trámites que avanzan, los que atañen a los desempleados exigen utilizar una aplicación del año 1982 falta también de actualización.

Los problemas ocurren así en oficinas municipales, estatales, pero también en la sanidad que gestiona el Principado. En el centro de Perchera (Gijón) a primera hora se arman de paciencia decenas de pacientes a la espera de ser llamados para entrar. En sus casas otros esperan la llamada de su médico de atención primaria para que confirme que sí, necesitan la prueba que sospechan y activan el trámite para ello. «Se está trabajando para solucionar los problemas en Sanidad», explican fuentes de la Consejería de Administración Pública. Sobre la reforma del sector público anunciada para ganar agilidad apuntan a que «es un objetivo de legislatura» en el que se sigue trabajando.

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