Salud y Bienestar no logran pactar un plan que permita la apertura de geriátricos sin restricciones

Porque, tal y como adelantó EL COMERCIO, los departamentos que dirigen Pablo Fernández y Melania Álvarez mantienen posiciones diferentes, incluso opuestas, sobre cómo deben funcionar las residencias de mayores ahora, con la tercera ola de la pandemia en meseta, pero con todos los residentes y trabajadores ya inmunizados al haber recibido la doble vacuna. Y, sobre todo, sin que ningún centro haya registrado brote de covid alguno desde hace más de un mes.

Para la Consejería de Salud, la desescalada geriátrica no puede realizarse sin otros criterios que no sean los estrictamente epidemiológicos. De hecho, en ellos ha basado su compleja propuesta, en vigor desde el pasado sábado, formada por cinco niveles diferentes. Son los denominados 1A, 1B, 1C, 2 y 3.

En todos ellos, la situación epidemiológica de cada concejo condiciona la libertad de movimiento de los residentes en geriátricos. Incluso en el caso de centros que no han tenido ningún caso de covid en ninguna de las tres olas y cuyos residentes están todos vacunados, puede darse la situación de entrar en nivel 1A, la más restrictiva.

En nivel 1A, para las residencias situadas en concejos en riesgo 4, 4+ o 4+ reforzado, no se permiten salidas, salvo las muy justificadas, y solo visitas a casos muy graves de únicamente una persona y durante una hora.

Frente a este planteamiento, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar lleva la propuesta que ha consensuado el sector geriátrico. Sin discrepancias entre las diferentes patronales, todas exigen la apertura de los centros sin restricciones, la eliminación de la reserva del 5% para crear zonas de aislamiento y la luz verde para aceptar nuevos ingresos.

Sobre los nuevos ingresos, marcan condiciones. Las personas vacunadas podrán ingresar directamente con una PCR negativa. A las no vacunadas, se les exigirá la misma prueba, pero sí se les obligará a pasar una cuarentena y entrarán en el calendario de vacunación.

Pero, Salud rechaza de plano la reanudación de los nuevos ingresos. E insiste en que las condiciones epidemiológicas de los municipios deben marcar la vida en las residencias.

Una vida que, a juicio de los propietarios de las residencias privadas, ya está siendo «demasiado difícil. No se están respetando los derechos de los usuarios», afirmó Marisol García, presidenta de Argas.

Por su parte, Ascege, Aarte y Lares mantienen su posición conjunta de que el plan de Salud es «inhumano, abusivo y trasnochado».