El aviso del crimen de Lugones se dio casi tres horas después del apuñalamiento

la acusada del homicidio, tras su detención. / PABLO NOSTI
la acusada del homicidio, tras su detención. / PABLO NOSTI

La autopsia practicada a Miguel Ángel Suárez revela que sufrió 35 heridas de arma blanca y que la décima puñalada, en el cuello, «fue mortal de necesidad»

J. C. D. SIERO.

Miguel Ángel Suárez, llanerense de 56 años, fue asesinado en la madrugada del 17 de julio. Presuntamente a manos de su pareja, Ana García Hevia, de 28 años. Todo sucedió en la vivienda de los padres de ella, en la calle del Río Sella, en Lugones. Su muerte se produjo a las doce de la noche. Su cuerpo presentaba 35 heridas de arma blanca.

Así consta en la autopsia practicada al cadáver en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo. La hora de la muerte, las doce de la noche, desvela que la víctima falleció casi tres horas antes de que desde la vivienda, se llamara a emergencias pidiendo auxilio.

En la sala del 112 Asturias se recibió una llamada a las 2.48 horas de la madrugada del martes, donde se alertaba de un suicidio. Al llegar al lugar de los hechos y comprobar el estado del cadáver, se detuvo a la pareja de la víctima. Desde ese momento se encuentra en prisión provisional sin fianza. Queda por esclarecer si la presunta homicida avisó a su madre tras cometer el crimen, o bien si la joven aguardó todo ese tiempo antes de despertarla.

Según el informe de los forenses, la décima puñalada, que la víctima recibió en el cuello, se considera «mortal de necesidad», si bien hubo otras dos heridas -la segunda y la undécima-, que también pudieron resultar letales.

Por otro lado, la titular del Juzgado número 4 de Siero ha remitido ya una providencia a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para que emita un informe sobre si se ha revisado el grado de discapacidad de la investigada, algo que había sido solicitado por su abogado defensor, José Luis Álvarez Niño.

En un certificado, expedido por el Principado en 2009, figura que la joven tiene una discapacidad del 69%. El letrado quiere saber si su cliente recibió seguimiento médico posterior a la emisión de ese certificado y hasta el presente.

La jueza ha librado otro oficio al Servicio de Salud del Principado (Sespa) para que desde Salud Mental le aporte un informe médico y el historial de la encausada, donde figuren sus posibles ingresos por trastornos mentales o consumo de drogas.

También pide que dos médicos forenses emitan un informe médico-psiquiátrico sobre la salud mental y toxicomanía de la investigada, previa exploración física y estudio de la documentación médica.