El cementerio de El Entrego no acogerá más entierros aunque logre evitar el cierre

El cementerio de la localidad de El Entrego presenta una singularidad que lo hace único en España. Es un camposanto privado, pero que no nació bajo esa concepción sino que fue vendido. Los tres mil nichos, en la situación actual, se levantan sobre terrenos de la sociedad La Solana, después de que ésta los adquiriese a la Iglesia en 1993. Actualmente, con la inminente jubilación del administrador único de dicha sociedad, el futuro de dicho cementerio es, cuanto menos, incierto.

La Solana no quiere continuar con la gestión del cementerio y, si no llega a un acuerdo con el Ayuntamiento, su intención es cerrar su propiedad. Quedarían dentro los 3.000 nichos. Desde el Ayuntamiento se insiste en que están trabajando para que esto no ocurra.

Un cementerio es un bien público y, por lo tanto, de competencia municipal, lo que garantizaría que sería el Consistorio quien debería hacerse cargo de su gestión, una vez la abandone el actual gestor. En principio, se espera que el servicio de policía mortuoria, que regula el cumplimiento de la normativa respecto a las prácticas sanitarias con cadáveres, recomiende al Ayuntamiento de San Martín a asumir la gestión del camposanto para preservar los enterramientos que haya en el mismo.

Lo que en principio no se podría hacer es construir nuevos nichos ni, con toda probabilidad, realizar nuevos entierros. Solo deberá encargarse del mantenimiento.

La situación actual es menos preocupante. Los vecinos confían en el Ayuntamiento llegue a una solución en este problema, pero ya hace dos años que el actual gestor anunció su jubilación y, hasta el momento, no se han producido avances significativos al respecto.

Se trata de una situación a la que en parte se ha llegado por los impagos que muchos herederos de nichos han ido acumulando a lo largo del tiempo. La cuota actual de mantenimiento es de 13 euros al año.

En este sentido en 2004, La Solana denunciaba al Ayuntamiento de San Martín por no hacerse responsable de reclamar el impago de los nichos a los vecinos endeudados. Tres años después, el juez condenaba al gobierno local a abonar la cantidad de 104.903 euros, a los que se sumaron mil más de intereses legales.

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