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Miembros de la plataforma en defensa del Conservatorio del Nalón. JUAN CARLOS ROMÁN
«El Conservatorio es prescindible para los alcaldes de la comarca del Nalón»

«El Conservatorio es prescindible para los alcaldes de la comarca del Nalón»

La plataforma en defensa del centro culpa a la mancomunidad de poner en riesgo su continuidad: «Nunca pensamos llegar a esta situación»

ALEJANDRO FUENTE

Domingo, 3 de marzo 2019, 02:40

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Las muestras de apoyo se suceden desde todos los ámbitos: del cultural, por supuesto; también del sindical o de personas anónimas que trasladan su solidaridad con la comunidad educativa del Conservatorio del Nalón. Porque el centro, se asegura desde la plataforma que ha surgido en su defensa, «está en peligro». Son muchos los componentes de este colectivo pero hablan bajo una única voz. El conflicto llegó esta semana a la Junta General, pero no hay una solución firme al principal problema que ahora tiene la escuela. «No surge ahora, ya lo arrastramos desde 2013 con la Ley que regula las competencias que debe asumir cada administración pública». Hasta ahora, la gestión la asume la mancomunidad de municipios de la comarca, pero los alcaldes entienden que debe ser el Principado la administración responsable del centro. El asunto se encuentra en los tribunales.

La plataforma quiere que se detenga el juicio y que haya una negociación en firme para no poner en peligro el conservatorio. La decisión está en manos de los regidores «que puede que no sigan en sus puestos dentro de tres meses». ¿Cuál es el riesgo? «Los políticos dicen que esto no lo quieren tener, que no lo quieren pagar; nos meten en un juicio que nos deja en un limbo».

«La percepción del servicio». Este aspecto es importante para la plataforma porque sus miembros se muestran convencidos de que los alcaldes no lo ven como algo necesario para la ciudadanía. «Si fuera un instituto no habría este debate. Somos un centro reglado; pero claro, es de música. Lo ven como algo que es prescindible, aunque digan que no cierra. Pero no explican los motivos que impedirían esta clausura. No existe subrogación de personal entre administraciones públicas, por lo que el profesorado, que lleva aquí años tras superar su oposición, se iría la calle. Y ahora nos dicen, tras décadas trabajando aquí, que ya no quieren hacerse cargo del servicio», explica la agrupación. «Nadie habla del personal, como si el Conservatorio sin la gente que está ahí fuera algo; es la calidad humana que hay dentro lo que hace la escuela, no es solo un edificio. Es una situación que se ha creado de un día para otro, además ocultando la decisión de acudir al juzgado, sin hablar con nadie de la comunidad educativa». En el centro se enteraron de este paso en junio del año pasado.

El debate de fondo es que, efectivamente, es una competencia impropia de los ayuntamientos. «¿Pero por eso se debe dejar de prestar? Eso es lo que buscan los alcaldes», se afirma desde la plataforma. «Nunca pensamos que se podía llegar a esta situación, es kafkiano. Es increíble que los regidores de la comarca hayan actuado para poner en riesgo la pervivencia de este servicio», acusan.

Las cuentas claras

El conservatorio lleva ejerciendo su labor desde 1983. Tres años después pasó a pertenecer a la Mancomunidad. «En 35 años, han cursado aquí más de 7.000 alumnos». Ahora hay 209, lo que supone el 100% de la ocupación. El coste anual del servicio es de 804.204 euros. De este total, el Principado aporta 173.684; las cuotas y las matrículas suponen 138.742. El resto, 491.778 euros lo aportan los cinco ayuntamientos del valle, Langreo, San Martín, Laviana, Sobrescobio y Caso. «¿Se trata de una cantidad que realmente no pueden asumir los consistorios? ¿Cuánto cuesta el bufete legal contratado para este proceso judicial? Eso no lo dicen», se quejan desde la plataforma.

«Hay que recordar que esto es un centro educativo, que no trabajamos con papeles, que lo hacemos con niños. Tenemos mucha presión encima. El Conservatorio es un patrimonio cultural de todo el valle, no es de ellos -en alusión a los alcaldes-, es de la ciudadanía que decide llevar a sus hijos allí; no es un servicio deficitario, es una inversión en formación. Llevamos una década sin recibir un solo euro de inversión», se señala desde el colectivo. «Hay que definir cómo se ofrece esta educación y eso es un trabajo político, ése es su trabajo, no el de un juez».

El Principado ya lanzó su propuesta para aumentar la cantidad que aporta al centro.

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