«La denuncia por cohecho inhabilita a la alcaldesa de Lena», asegura el PSOE

Concejales y miembros del Partido Socialista de Lena, reunidos en Campomanes. / J. M. PARDO
Concejales y miembros del Partido Socialista de Lena, reunidos en Campomanes. / J. M. PARDO

El portavoz socialista afirma que existe un conflicto de intereses al emplear una empresa de Aqualia al marido de la regidora

ALEJANDRO FUENTE CAMPOMANES.

«No sé si es legal o ilegal, pero no es ético ni estético». El portavoz y candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Lena, Daniel Sánchez Bayón, se refería ayer a la denuncia interpuesta por la Fiscalía del Principado contra la alcaldesa por un posible delito de cohecho. «Creo que su actuación inhabilita a Gema Álvarez (Izquierda Unida) para seguir al frente de la gestión pública», añadía el edil. El conflicto de intereses se encuentra en que los indicios delictivos se centran en que una empresa de Aqualia, a la que se prorroga el contrato de gestión de las piscinas municipales por cinco años, empleó al marido de la responsable municipal.

Sánchez Bayón explica el motivo de esa inhabilitación política. «A partir de ahora, ¿quién se va a ocupar de mejorar la gestión del agua en Lena? Cuando haya una eventualidad, ¿a quién le pedimos responsabilidades, a Aqualia o al marido de la alcaldesa? Si en las piscinas hay garrapatas o el horario es escaso, ¿cómo van a pedir explicaciones a una empresa vinculada a la contrata que dio trabajo a su cónyuge?», se pregunta. Para el socialista hay unos hechos «que son objetivos y constatables». Uno de ellos, proseguía, es que la alcaldesa, «sin comunicarlo al concejal de Deportes, unilateralmente, decide prolongar expresamente el contrato de las piscinas». Al respecto, señala que la cláusula 21 del acuerdo previo excluye la prórroga automática; «admite que se puede ampliar por cinco años más, pero tiene que ser mediante un pacto expreso entre las partes, tienen que negociar».

El segundo de los hechos objetivos para el socialista, «y así lo entiende la Fiscalía para iniciar la investigación, es que el marido entró a trabajar en mayo de 2018, justo unos días antes del contrato». Sánchez Bayón pregunta qué negoció la alcaldesa para prorrogar estos cinco años a Aqualia. «Lo desconocemos, ya pedimos explicaciones en su momento y hubo opacidad sobre este tema», subraya. La alcaldesa se escudaba el miércoles en que su marido no trabaja en la sociedad que gestiona las piscinas. «Fue contratado por Trainasa, una sociedad que es cien por cien capital de Aqualia», apuntaba el edil.

«Cortina de humo»

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pola de Lena ha iniciado diligencias previas para investigar si la alcaldesa ha cometido un posible delito de cohecho. El proceso -que puede culminar en la apertura de juicio oral o en el archivo de la causa, de lo que están seguro los asesores legales de la alcaldesa- ha dado comienzo tras presentar la Fiscalía del Principado una denuncia contra la regidora, su marido, la empresa Aqualia, dos directivos de ésta, y otra segunda sociedad (Tratamiento Industrial de Aguas, Trainasa), que es propiedad de la anterior, donde habría entrado a trabajar su cónyuge.

Gema Álvarez dijo que la investigación se inició a raíz de un denunciante anónimo, insinuó que había relación entre el mismo y el PSOE, pidió un informe caligráfico y achacó la actuación a una persecución política. «¿Es la Fiscalía la que ejerce ese hostigamiento?», pregunta Sánchez Bayón. El socialista recuerda, tal y como informó el ministerio público, que se iniciaron las investigaciones en septiembre de 2018 y se determinó que había indicios de delito y, por lo tanto, presentó la denuncia en el juzgado. «Cuando se recurre al victimismo es que no hay argumentos para justificarse», afirmaba. Sobre el anónimo, el socialista dijo que se trata de una cortina de humo que usa IU para ocultar el hecho verdadero, el empleo del marido de la alcaldesa.

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