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MARTA VARELA
LANGREO.
Jueves, 14 de marzo 2019, 00:22
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Un secreto a voces. Parece que las presuntas irregularidades en el área de cementerios del Ayuntamiento de Langreo eran conocidas por parte de la plantilla y ya se intentaron paliar antes de 2012. En ese año se firmó el convenio colectivo, y según uno de los firmantes, «en ese convenio se introdujo expresamente un párrafo de prohibiciones en estas instalaciones y propone que queda totalmente prohibida la realización de cualquier tipo de obra o trabajo en los cementerios que no sean los que se derivan de la prestación del servicio público que tienen encomendado, tanto en el horario normal de trabajo, como fuera del mismo». Este mismo trabajador confirmaba ayer que «nos tememos que lo seguían haciendo».
Tal y como adelantó EL COMERCIO, el encargado de cementerios y seis enterradores estaban siendo investigados por la Fiscalía por acoso laboral a una compañera, además de por cobros ilegales. Tres delitos que pueden tener responsabilidad penal. El alcalde langreano, Jesús Sánchez, confirmaba que entre esos cobros, que guardaban en una cartera roja de publicidad de UGT, había los aportados por las funerarias y los derivados de la venta de chatarra, restos de aluminio, lápidas, acero inoxidable... Ayer un joven matrimonio acudía al Consistorio con una denuncia que había interpuesto en 2017 en la que advertían «de la desaparición en el cementerio de Lada de un lápida de mármol de unos dos metros de la sepultura familiar». Temen que pueda estar dentro del material vendido por los siete investigados. Denuncia que se sumará a la investigación en curso y que se cree no será la última, a tenor de las llamadas y preguntas atendidas en las últimas horas por los responsables municipales.
El Consistorio de Langreo no descarta, una vez concluido el proceso penal que se ha iniciado, el despido de los trabajadores de los camposantos que sean interinos si resultan condenados, así como aplicar la máxima pena al encargado del área que tiene la condición de funcionario y, en principio, aún siendo condenado no podría ser despedido si la pena fuese inferior a siete años.
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