Los juzgados de Mieres tendrán equipo de atención psicológica a la familia

Estará compuesto por una facultativa especialista y una trabajadora social y permitirá aliviar la carga de trabajo en Avilés

ALEJANDRO FUENTE MIERES.

El Consejo de Gobierno del Principado aprobó ayer una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración. Se trata de un trámite que permitirá crear un nuevo equipo de atención psicológica especializado en asuntos de familia adscrito a los servicios de justicia. Este grupo de trabajo, que tendrá sede en los juzgados de Mieres, estará compuesto por una psicóloga y una trabajadora social.

Actualmente existen dos equipos psicosociales de familia en Oviedo y Gijón, y un tercero que funcionaba hasta ahora con una sede mixta en Avilés y Mieres. La creación del nuevo servicio dotará de mayor autonomía y capacidad de resolución al de Avilés, cuya actividad se centrará en los casos propios del municipio y los de Pravia, Valdés, Castropol y Grado, que también llevan.

La modificación de la RPT se enmarca en los compromisos del Gobierno regional para garantizar una justicia ágil, de calidad y próxima a la ciudadanía, reflejados en los presupuestos para este año. Además, el Principado ha trabajado en los últimos meses en una reorganización interna en estos grupos de trabajo para mejorar los tiempos de respuesta mediante la integración de los diferentes profesionales en un único servicio, y la incorporación de una figura de coordinación.

Funciones

El equipo psicosocial judicial es un órgano técnico auxiliar de la Administración de justicia compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, cuya misión es ayudar y prestar asesoramiento a juzgados, tribunales y fiscalías. Además de estos cuatro grupos especializados en asuntos de familia, existen otros dos en el ámbito penal de menores.

Estos servicios emiten informes periciales cuando lo solicitan los órganos judiciales y fiscales sobre aspectos psicológicos, sociales o familiares relacionados con procedimientos de divorcio, separación de progenitores y protección de menores. Su objetivo es garantizar el interés del menor en la adopción de medidas judiciales que les afecten, entre las que destacan las alternativas de convivencia (guardia y custodia), los mecanismos de comunicación y estancias con el progenitor con el que no convivan, y el auxilio profesional a los órganos judiciales en la exploración y toma de declaración de menores o personas especialmente vulnerables, en la instrucción de los procedimientos penales. Los tres equipos existentes realizaron más de 350 informes en 2017.