«La minería dejó de avanzar y con ella también lo hizo el centro educativo»

Especialmente duro fue 2017, cuando en abril la consejería planteó un cierre de cinco unidades (una de Infantil, tres de Primaria y una de primero de la ESO). Era el centro concertado más afectado por la revisión de los conciertos. Profesores, padres y alumnos salieron a la calle para protestar y expresar su malestar por las ratios establecidas para el concejo y que les perjudicaba de lleno. Consiguieron que la consejería decidiera salvar el aula de Infantil y dar una prórroga de un año para la primera de ESO. Transcurrido ese tiempo, la cerró este curso.

Pese a las dificultades, sí ha sorprendido a la comunidad educativa lo «inminente» de la decisión. «Creíamos que por lo menos aguantaríamos un par de cursos más, pero no ha podido ser».

En el centro trabajan 19 profesores y tres personas de servicios. «Muchos de ellos tienen medias jornadas o están por horas», indica la directora. Es el personal que atiende a 120 escolares de las etapas obligatorias (Infantil, Primaria y Secundaria). «Convocamos una reunión para informar a los padres. Se trata de una decisión consensuada con la consejería por la falta de alumnos. No hay otra razón», añade.

El problema es grave y la solución escapa del ámbito educativo. «¿Qué empresa o empresas van a llegar a esta comarca capaces de generar el empleo que había antes con la minería? Va a ser muy complicado».

¿Qué va a pasar a partir de ahora? La consejería ha enviado a las familias una carta informándoles de que pueden solicitar plaza en cualquier centro educativo del municipio de San Martín o de Langreo o de Laviana. «Sin embargo, no tienen plaza reservada en ningún centro concreto y cada familia debe solicitar donde quiera. Ahora bien, en algunos centros, para algunos cursos, tienen pocas plazas o ninguna».

El alcalde del concejo, el socialista Enrique Fernández, sostiene que el cierre del colegio «es una triste noticia». «Hay una parte de la sociedad que estaba muy comprometida con su modelo educativo y se acaba con 95 años de historia en las aulas». Eso sí, en sus palabras hubo un apunte para la reivindicación, y dijo que en las cuencas, tan castigadas por la pérdida de población, se debería tener «más flexibilidad» para aplicar las ratios de alumnos.

El diputado de Foro en la Junta, Pedro Leal, también lamentó la clausura, pero su lectura fue distinta y «se debe -dijo- a las supresiones de aulas de los sucesivos gobiernos socialistas. El Principado, lejos de garantizar este tipo de enseñanza, ha puesto obstáculos, basados en razones de tipo ideológico y por tanto sectarias, frente al principio constitucional de libertad de enseñanza».