Piden una multa de 1.620 euros por okupar La Casona de Ronzón, en Lena

Varios agentes, a la entrada del juzgado de Pola de Lena, donde se produjo una protesta para apoyar a la acusada. / J. M. PARDO
Varios agentes, a la entrada del juzgado de Pola de Lena, donde se produjo una protesta para apoyar a la acusada. / J. M. PARDO

La única acusada admitió ante el juez que había accedido al inmueble «para convertirlo en un centro social y cultural para los vecinos»

MARTA VARELAPOLA DE LENA.

La Casona de Ronzón, en Lena, funciona como foco cultural abierto y como símbolo del movimiento okupa en las comarcas mineras desde el pasado mes de abril. La presunta responsable de esta ocupación ilegal, María Rikonen, acudió ayer al juzgado de Pola de Lena para enfrentarse a un juicio que quedó visto para sentencia y en el que la Fiscalía le pidió una sanción económica de 1.620 euros, a razón de nueve euros por día. Antes de la celebración de la vista oral una convocatoria por redes sociales alertó a las fuerzas de seguridad, que organizaron un amplio dispositivo de vigilancia a la entrada del juzgado. En cuestión de minutos cerca de una decena de personas acudieron a la entrada del edificio con pancartas para apoyar a la única acusada, al ser identificada como responsable de la okupación del palacio, ubicado en la parroquia lenense de Castiello y que se trata de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural.

La acusada, como representante del colectivo cultural 'Antonia Ronzón' admitió ante el juez los hechos y reconoció que había accedido al inmueble «para convertirlo en un centro social abierto para todos los lenenses y amantes de la cultura». Además enumeró las actividades que se pretenden desarrollar en su interior e incidió en que durante años había estado vacío y sin ningún tipo de uso.

Un funcionario municipal declaró en representación del patronato de la Fundación Ronzón, propietaria de los terrenos y La Casona, y que se personó como acusación particular, pidiendo en este caso una pena 10 euros diarios durante un periodo de seis meses (1.800 euros). Ante el magistrado relató cómo el inmueble estaba okupado por un grupo de personas que habían colgado en la puerta de entrada carteles que «avisan de que es una propiedad privada y que no se puede entrar sin autorización, incluso advierte de posibles denuncias por allanamiento de morada». Testimonio corroborado por agentes de la Guardia Civil, que realizaron varias visitas al también conocido como Palacio de Bernaldo de Quirós. A la espera de la decisión del juez, los okupas de la Casona de Ronzón esperan seguir funcionando como eje cultural abierto a artistas e iniciativas.

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