El Principado cierra una ruta de Las Ubiñas para proteger a una osa y sus dos crías

El objetivo es proteger a una osa con dos crías que ha sido detectada en una zona concreta del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa. Por ello, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha decretado la restricción, de forma temporal, del «acceso y tránsito de visitantes y personas no autorizadas en la ruta del 'Picu Mayor' (Qu-07), hasta el 15 de junio o hasta la comprobación, previo informe de la Guardería del Medio Natural, del traslado del grupo familiar a una zona en la que no sufran molestias» por el tránsito de esta senda. Se señalizará la zona informando de la prohibición de la que están exentos vecinos y ganaderos de la zona, entre otros, según se detalla en la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

En el texto se indica que, con fecha 12 de mayo, la Guardería del Medio Natural con destino en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa presenta un informe relativo al conflicto entre el uso turístico de citada ruta y la presencia de una osa con dos crías en la zona, considerada como hábitat de alta calidad osera, y donde en años anteriores ya se realizó acotamiento al uso turístico como medida preventiva.

«La población de osos actualmente situada en este paraje se encuentra en una época crítica para su desarrollo, por lo que el habitual uso público de la ruta puede suponer, de forma excepcional, una interferencia con la conservación del oso pardo», se argumenta.

En este caso, el Principado recurre a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del 2007, que establece que en los parques podrá facilitarse la entrada de visitantes con las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquellos y los derechos de los titulares de los terrenos en ellos ubicados. A su vez, el artículo 54 prevé que las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la conservación de la fauna que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats. Se establece una serie de sanciones que van desde los 100 a los 3.000 euros en caso de infracciones leves, y que puede llegar a ser de dos millones en un caso extremo de muy grave.

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) se alegra de la medida y del aumento de la población osera en esta zona, pero muestra «preocupación» por la falta del Instrumento de Gestión Integral (IGI) de este espacio. El responsable de esta asociación sin ánimo de lucro, Roberto Hartasánchez, señala que es preciso que se apruebe al fin esa herramienta -hace cinco años fue anulada por la Justicia al carecer de memoria económica- pero que esta, a su vez, tenga contenido real, «que no se convierta en una norma vacía que solo genere problemas a sus habitantes». Alertó también de que se ha incrementado el paso de vehículos a motor de recreo por el territorio. «Hay pistas de moto-cross» que molesta a la fauna.