«No hay vinculación entre la renovación de Aqualia y la contratación de mi marido»

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), lee el comunicado acompañada por ediles de su formación, PP y Compromiso. / JUAN CARLOS ROMÁN
La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), lee el comunicado acompañada por ediles de su formación, PP y Compromiso. / JUAN CARLOS ROMÁN

La alcaldesa de Lena insinúa que hay relación entre el PSOE y el denunciante anónimo y encarga un informe caligráfico

ALEJANDRO FUENTE POLA DE LENA.

«Nunca pude imaginar que trabajar por mis vecinos y por mi municipio pudiera causar tanto daño». De esta forma comenzaba ayer la alcaldesa de Lena una comparecencia a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía del Principado por un posible delito de cohecho, tal y como informó EL COMERCIO. Gema Álvarez negó acción ilícita alguna con la renovación del contrato, por cinco años, de la gestión de las piscinas municipales a la empresa Aqualia, y rechazó que esta actuación tenga nada que ver con la entrada de su marido a una empresa del mismo grupo. La regidora -quien ofreció la rueda de prensa arropada por los ediles de su formación, del portavoz del PP y el de Compromiso- aseguró que esta acción judicial, procedente de un anónimo, tiene un claro interés político para desbancar a IU del gobierno municipal. Se apuntó de forma directa al PSOE.

En una declaración leída -supervisada por sus asesores legales, que se encontraban en el despacho-, la regidora expresaba que «desde hace un par de años llevamos sufriendo un acoso político que se va incrementando según se acerca el periodo electoral». Se quejó de que estas denuncias, «que antes eran de los socialistas», ahora llegan en forma de anónimo. «No me han llamado para declarar», apuntaba. «Todo es legal y transparente en este Ayuntamiento. Y vamos a colaborar, como siempre hemos hecho, con la justicia». Álvarez señalaba que no es la primera vez que hay este tipo de denuncias y que éstas nunca han llegado a nada. «Pero ahora atacan a mi familia, a mi vida privada con el objetivo de desacreditarme».

«Quiero dejar claro que no existe vinculación alguna entre la contratación de mi marido y la renovación de la empresa. Cuando se firmó hace diez años -el acuerdo de gestión inicial de las piscinas- ya se preveía una prórroga de cinco años más, como marca la ley. Hay un informe de la secretaria municipal que avala esta ampliación. No hay derecho a que usen la vida personal de nadie cuando carecen de argumentos políticos», afirmaba. «Mienten sin escrúpulos ni pudor», añadió.

Asegura que la prórroga en la gestión de las piscinas está avalada por la secretaria «Ahora atacan a mi familia, a mi vida privada con el objetivo de desacreditarme»

Ante esta situación, informó de que Izquierda Unida optó por solicitar un informe forense caligráfico de los documentos remitidos a Fiscalía. «La letra muestra, sin duda, de que se trata de la letra de una única persona con unos muy definidos intereses políticos, y es conocedora de que nada de lo denuncia es irregular, ya que de ser así habría optado por dar la cara. Es la misma estrategia del PSOE; son tretas políticas y siguen ensuciando».

Insistía Álvarez en el informa favorable para la prórroga del contrato durante cinco años más. Pero la Fiscalía del Principado aprecia indicios de delito, según desveló EL COMERCIO, en que una segunda mercantil vinculada a Aqualia emplease a su cónyuge a cambio de este contrato de gestión de las piscinas. «Mi marido no trabaja para Aqualia», justificaba la regidora.

Contraataque legal

En detalle, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pola de Lena ha iniciado diligencias previas para investigar si la alcaldesa ha cometido un posible delito de cohecho. El proceso -que puede culminar en la apertura de juicio oral o en el archivo de la causa, de lo que están seguro los asesores legales de la alcaldesa- ha dado comienzo tras presentar la Fiscalía del Principado una denuncia contra la regidora, su marido, la empresa Aqualia, dos directivos de ésta, y otra segunda sociedad (Tratamiento Industrial de Aguas, Trainasa), que es propiedad de la anterior, donde habría entrado a trabajar el cónyuge de la regidora.

La alcaldesa dijo que se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales contra el autor del anónimo si, al final, se archiva esta causa judicial. Recordaba que ya hubo más casos, como la denuncia por la permuta de los terrenos de Asla para el centro de salud. Tacharon de «cobarde» al remitente de estas denuncias.

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