El Defensor del Pueblo acusa al Principado de no colaborar en lo que refiere a contaminación

Francisco Fernández Marugán, en Oviedo. / JESÚS DÍAZ
Francisco Fernández Marugán, en Oviedo. / JESÚS DÍAZ

Asegura no haber recibido la información requerida al respecto y anuncia que informará a las Cortes Generales de este incumplimiento

P. SUÁREZGIJÓN.

«La falta de respuesta respecto a la información solicitada en varias ocasiones supone una expresiva falta de colaboración de la administración para cumplir su deber legal». Contundente y sin ambages. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, vuelve a criticar la gestión del Principado respecto a la contaminación en la región y carga contra la falta de accesibilidad mostrada por parte de la consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático con respecto a unos datos solicitados a raíz de una queja por la calidad del aire en Gijón y en la que un colectivo de vecinos hacía constar la pasividad del Principado en cuanto a sanciones a las principales industrias contaminantes.

De esta forma y una vez aceptada la queja, el Defensor del Pueblo solicitó a la consejería toda la información disponible al respecto de esta situación, agotándose los quince días que la ley estipula para la respuesta sin que la institución hubiese recibido dato alguno. Por este motivo, el organismo estatal encargado de velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos, respondió a los vecinos con una carta en la que criticaba la opacidad de la administración asturiana y anunciaba que incluiría lo ocurrido en la memoria que anualmente eleva a las Cortes Generales. «Procederemos a incluir a la mencionada consejería en el informe de gestión, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en las que hubieran podido incurrir las autoridades y funcionarios», cita el documento al que ha tenido acceso EL COMERCIO.

Críticas anteriores

No es la primera vez que el Defensor del Pueblo recrimina ciertas deficencias en la gestión de la contaminación al Principado. En la última memoria anual presentada, la mayor recriminación que se le dirigía a la administración regional venía de nuevo provocada por esta situación. De hecho, la institución mantiene abiertos varios procedimientos al respecto. Uno de ellos se centra en Gijón, donde afirma haber constatado «la existencia de instalaciones en funcionamiento sin autorización de emisiones a la atmósfera».

Pese a que desde la consejería esgrimieron entonces estar aplicando el el plan de calidad del aire, el organismo presidido por Francisco Fernández Marugán replicaba que «no exime a la administración de ejercer simultáneamente las potestades que la legislación le atribuye para sancionar los incumplimientos que advierta por parte de los titulares de las instalaciones». De hecho, subrayaba el informe que la legislación faculta a Medio Ambiente para adoptar «cuantas medidas sean necesarias para mantener un nivel de protección elevado de las personas y el medio ambiente».

Desde ese punto de vista, el Defensor del Pueblo afeó entonces que de la información que le ha pasado el Principado «no se desprende una correlación entre posibles incumplimientos por parte de las instalaciones, en cuanto al respeto de los valores límite y las sanciones impuestas», evidenciando una vez más sus discrepancias con la gestión realizada al respecto desde la administración.