Cristina Fernández, propietaria de la tienda de animales Atlantic Aquarium, en Gijón. PALOMA UCHA
Ley de Derechos Animales

«La ley es devastadora. Nos llevan al cierre»

Mientras los criadores de perros aplauden la nueva ley contra el maltrato animal, ya que regulará su actividad, los propietarios de tiendas de mascotas la rechazan al ver prohibida la venta de animales

CLARA G. SANTOS

Miércoles, 3 de agosto 2022, 01:10

Se acabó ver a cachorros de ojos tristes encerrados en cubículos minúsculos a la espera de un dueño que les devuelva la alegría. El borrador de la la Ley de Derechos Animales aprobada el pasado lunes por el Consejo de Ministros prohíbe, entre otras cosas, la venta de perros, gatos, pájaros y roedores en establecimientos comerciales. Una noticia que ha caído como una bomba sobre los propietarios de estos negocios, pues creen que con el tiempo acabarán viendo mermada su actividad comercial. «De aplicarse tal y como está tendrá efectos devastadores a largo plazo. Nos llevan al cierre», expone Cristina Fernández, dueña de la tienda Atlantic Aquarium, en Gijón. Su tienda, aunque especializada en peces, dispone también de otros animales domésticos, como pájaros o hámsters.

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En establecimientos como Animales Fauna, en Avilés, el porcentaje que supone la venta de animales no supera el 10% de la caja diaria. Ahora bien, advierten los propietarios, la prohibición que contempla la nueva ley desincentivaría a aquellos clientes que deseasen adquirir los accesorios para su mascota. «Si no me compran el pájaro, ¿quién me va a comprar la jaula?», razona con amargura Cristina Fernández. Denuncia además que quienes salen beneficiados con la nueva norma son los criaderos, pero también los particulares que utilizan aplicaciones para vender animales. «Lo que está claro es que una señora mayor no irá a las afueras de Gijón a un criadero específico a por un pájaro», precisa.

También Elena Pérez, propietaria de la tienda Animalinos en Gijón, coincide en que, con esta ley, lo que va a conseguirse es potenciar la venta ilegal de animales. «En internet sigue habiendo multitud de anuncios y los fraudes están a la orden del día», tercia la gijonesa. Cuando hace seis años esta amante de los peludos decidió emprender y montar su propio local, se dio cuenta de que no quería ser partícipe de la industria que comercializa con animales. «Vendemos piensos, juguetes y accesorios de todo tipo, pero perros y gatos no. Para nosotros, además de rentable, es ético» cuenta Elena Pérez. Ella, que cree fervientemente en la adopción, colabora con varias protectoras, actuando como intermediaria entre animales abandonados y personas con ganas de acoger un peludo en el hogar.

Con la entrada en vigor de la nueva norma solo los criadores saldrían indemnes. Según el proyecto aprobado por Consejo de Ministros, ellos serían los únicos con potestad para comercializar con animales. Manuel Fernández, del centro canino Los Ferreros, en Soto de Ribera, ve con buenos ojos la nueva norma: «Ya era hora de que se regulase nuestro sector porque, lamentablemente, hay mucho infiltrado». La principal diferencia que los separa de gran número de criadores ilegales que proliferan en aplicaciones web es que «nosotros tenenemos atención veterinaria constante y podemos garantizar al cliente los permisos y las vacunas pertinentes», aclara.

Aunque Fernández valora positivamente la norma en lo que a su profesión respecta, también reconoce el negro horizonte que se dibuja para las tiendas de animales. «Muchos van a tener que cerrar. Al final, para comprar piensos o jaulas la gente tira de centros comerciales», reconoce. De momento, la única esperanza de los propietarios es que durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley se presenten enmiendas parciales para subsanar lo que supone «un auténtico varapalo» para el sector.

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Aprobado el borrador de ley por el Gobierno, resta aún que este sea remitido al Congreso para su tramitación, donde los grupos podrán presentar las enmiendas pertinentes. Su entrada en vigor tendrá lugar a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por término medio, un proyecto de ley tarda unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que es publicado en el BOE.

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