Los diputados asturianos se exponen a prisión si difunden mails anónimos con denuncias

Los diputados asturianos se exponen a prisión si difunden mails anónimos con denuncias

Los letrados de la Junta advierten del riesgo a la comisión del Gitpa

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

¿Qué puede hacer un diputado si recibe de forma anónima correos electrónicos que reflejan supuestas irregularidades? A ese dilema se ha enfrentado la comisión parlamentaria de investigación abierta para aclarar lo sucedido en la empresa pública Gitpa. En noviembre de 2016 una empresa de mensajería les suministró folios con 42 supuestos correos internos, aparentemente cruzados entre 18 empleados de la compañía y asesores de la misma. Del contenido de las comunicaciones se deducían diversos intentos de alterar plazos, precios y condiciones para amañar las adjudicaciones de la sociedad con sus contratistas. La sospecha movió a los diputados a dar parte de esa documentación a la Fiscalía, quien la incorporó a la investigación judicial abierta desde hace años sobre Gitpa, y que está en punto muerto.

La pregunta ha vuelto ahora que la comisión afronta el reto de presentar un informe de conclusiones. El documento que se apruebe será publicado en la web de la Junta General del Principado, lo que, caso de incorporar los mails, supondría difundir un contenido hasta ahora secreto.

Los letrados de la Junta General entregaron ayer martes un informe advirtiendo de las consecuencias que podría tener ese gesto. Su estudio recuerda que parte de los supuestos destinatarios de esos correos alegaron en la propia comisión que no sabían de qué les hablaban y se han opuesto a que se usen las comunicaciones. El Código Penal castiga con pena de prisión de entre uno y tres años a quien difunda comunicaciones bajo secreto «con conocimiento de su origen ilícito», recuerdan los letrados. «Aquí no se trata única y exclusivamente de una ausencia de certeza en torno a la lícita obtención de la información, por cuanto existen suficientes indicios racionales de su obtención sin consentimiento ni conocimiento de los titulares de las cuentas», concluyen los juristas de la Cámara. A su juicio, incluir los correos con las supuestas irregularidades en el dictamen «podría suponer la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, castigado con pena de prisión de uno a tres años». Los letrados desaconsejan hacer caso a esos correos electrónicos porque «no solo no se acredita la licitud de su obtención, sino que además no hay garantía alguna en torno a su veracidad e integridad» ya que, al recibirse en papel pudieron haber sido manipulados.

Por último recuerda el informe de los letrados que en la comisión de investigación del 'caso Renedo' también se recibió información anónima que fue derivada a la fiscalía pero no se reflejó en el dictamen público. Su consejo es que la única referencia posible que se puede hacer a los mails anónimos es la de apoyarse en el contenido de los mismos que fue publicado por los medios de comunicación.

Los letrados del parlamento autonómico sí entienden que la comisión puede utilizar dos correos electrónicos aportados por dos empleados públicos del Principado y en los que ellos mismos figuran como emisores o receptores. Los correos se mandaron desde cuentas corporativas, no tienen contenido personal, y por eso entienden los juristas que no vulnera la intimidad de nadie.

El informe marcará el devenir de una comisión que en sus discusiones está asentando distintos frentes. PP y Podemos defienden un relato de hechos que da por probadas irregularidades de grueso calibre. Foro e IU presentan enmiendas negociadas con una visión más moderada, que reconoce disfunciones. Ciudadanos bascula entre los primeros y los segundos, mientras los socialistas no se reconocen en las visiones que se están exponiendo y amagan con presentar un voto particular.

 

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