«La discapacidad intelectual debería considerarse una eximente»

Cada año, la organización Plena Inclusión atiende a entre quince y veinte internos de la cárcel asturiana con una discapacidad intelectual reconocida. Con ellos trabajan en aspectos como la formación o la inserción laboral, pero lo hacen cuando estos jóvenes -principalmente procedentes de entornos desestructurados- ya han cruzado la línea de la legalidad. Es en los pasos previos donde «detectamos carencias, falta formación» tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que los detuvieron como en los abogados que les defendieron, asegura la gerente de Plena Inclusión Asturias, Casilda Sabín. «No detectan claramente su discapacidad. Dicen: 'son chicos raros' o consideran que tienen una enfermedad mental, cuando no tiene nada que ver, es un retraso intelectual nada más. Todo eso conlleva graves situaciones en la vida y el desarrollo de estos jóvenes», abunda Sabín, firme defensora de que la discapacidad intelectual se considere eximente «para evitar que cumplan condena en una prisión y que, en su lugar, lo hagan en un centro alternativo». Lo dice porque, por la experiencia de años trabajando con este colectivo, «una vez que entran en prisión, los perdemos».