Los docentes se niegan a encargarse de la gestión de los bancos de libros

Genaro Alonso conversa con Borja Llorente, de CC OO, a su llegada a la Junta General del Principado. / PABLO LORENZANA
Genaro Alonso conversa con Borja Llorente, de CC OO, a su llegada a la Junta General del Principado. / PABLO LORENZANA

El consejero defiende la gratuidad en las etapas obligatorias, pero de «forma progresiva». Implantarla de una vez costaría 35 millones

E. GARCÍA OVIEDO.

Los docentes asturianos aplauden la iniciativa legislativa que propone la gratuidad de los libros de texto, siempre que gestionar los bancos de libros que requeriría ésta no les suponga una carga burocrática extra. Así lo manifestaron ayer durante la comisión de Educación y Cultura de la Junta General en la que debatieron dicha ley.

Este sistema de préstamo y reutilización que plantea el texto propuesto por el PP regional en base a una norma presentada por Ciudadanos en Madrid -con «erratas» incluidas- se basa en la creación de un banco de libros y material curricular en los centros de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Educación Especial y FP básica y de grado medio de centros públicos y concertados. Estos ejemplares se rotarían de unos alumnos a otros y la supervisión y gestión del sistema en cada centro correría a cargo de una comisión de gestión dependiente del Consejo Escolar y otra de seguimiento dependiente de la Administración.

A pesar de que los sindicatos de la enseñanza presentes en la reunión se mostraron satisfechos con la norma -que según aseguran satisface «no solo una necesidad, sino una obligación» que llevan años persiguiendo-, plantearon varias dificultades en su aplicación. Gumersindo Rodríguez, del sindicato ANPE(mayoritario en la junta de personal docente no universitario), puntualizó que «la vigencia de los libros de texto está condicionada por el execrable comportamiento de nuestros legisladores, que modifican las leyes educativas y los currículos». Asimismo, señaló que «la apuesta por la digitalización del conocimiento debe ir acompañada de inversiones».

Pero si hubo un punto sobre el que los docentes se mostraron especialmente críticos fue el artículo 8, que regula la gestión del sistema de préstamo. «No nos conformamos con la reducción de la jornada lectiva que se propone para los profesores que se ocupen de gestionar el banco de libros», aseguró. «Los docentes trabajan por un salario, no por retribución en especies». La tarea, apuntó Paz Suárez, de Suatea, «debería recaer sobre el personal administrativo, ya que el actual programa ya sobrecarga al profesorado». Borja Llorente, de CC OO, coincidió en dicha preocupación, apuntando que habría que gestionar «un millón de libros» anualmente y pidiendo que la ley «especifique con qué recursos se va a hacer frente a un banco de libros de este volumen». Además, pidió que se limite la gratuidad a la enseñanza obligatoria.

Esto último defendió el consejero, Genaro Alonso, en su intervención, en la que abogó por un mecanismo «progresista y progresivo», por el que la gratuidad se limite a las etapas obligatorias para asegurar la sostenibilidad de un sistema cuya implantación costará, como mínimo 35 millones de euros.

 

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