Los docentes piden a Educación que unifique las normas de uso de móviles en los centros

Un alumno utiliza su móvil durante una clase. / E. C.
Un alumno utiliza su móvil durante una clase. / E. C.

«El respeto al profesor no se pierde solo al utilizar los teléfonos, pero difundir las grabaciones es un daño difícilmente subsanable», asegura el sindicato ANPE

LAURA MAYORDOMO

¿Qué hacer con los móviles en las aulas asturianas? ¿Permitirlos, prohibirlos, limitar su uso como herramienta exclusivamente pedagógica? ¿Qué debe hacer un profesor si encuentra a un alumno realizando un uso indebido del teléfono durante una clase? En Asturias, no existe un criterio unificado. La Consejería de Educación no es partidaria de su prohibición. Lo ha manifestado en más de una ocasión su titular, Genaro Alonso, que les ve una utilidad didáctica siempre y cuando se haga «un uso razonable» de estos dispositivos. En la práctica, la situación es que cada centro tiene libertad para regular esta cuestión según su criterio.

No obstante, padres y docentes coinciden en la conveniencia de contar con un protocolo común que unifique las normas sobre el uso de los móviles en las aulas. Sería un paso más después de que el decreto de derechos y deberes del alumnado haya sido modificado para, entre otras cuestiones, contemplar como 'conducta gravemente perjudicial' la grabación y difusión de hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa, así como la difusión de imágenes o sonidos grabados a compañeros y profesores sin su consentimiento expreso. Ambos comportamientos podrían llevar aparejada la expulsión del centro entre tres días y un mes e incluso el cambio de colegio, tal y como recoge el decreto al que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno el pasado miércoles. Con su inclusión en la norma «se cubre un vacío legal en cuanto al uso de las nuevas tecnologías en los centros y el ciberacoso», valora Borja Llorente, de CC OO. «El respeto al profesor no se pierde solo por el uso de los dispositivos móviles, pero la difusión de las grabaciones, además de un atentado al honor, conlleva un daño difícilmente subsanable», apunta en este sentido Gumersindo Rodríguez, de ANPE.

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Herramienta educativa

De ahí, coinciden los sindicatos educativos y los representantes de las federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos de la enseñanza pública y la concertada -en las que es de aplicación el decreto-, la conveniencia de contar con un protocolo común que rija la presencia y utilización de los teléfonos móviles en los centros.

«Hay un problema muy grande con el uso de los teléfonos móviles y ahí las familias lo estamos haciendo mal al darles a nuestros hijos, aunque no es mi caso, estos aparatos con una discrecionalidad que asusta», reconoce Clara Díaz. La presidenta de la federación Miguel Virgós (educación pública) considera que «una regulación general es algo que no haría daño a nadie». Lo dice una madre que defiende abiertamente el uso de los móviles en las aulas, «como herramienta educativa» porque «no es descabellado usar la tecnología positivamente». Pero nunca, aclara, como elemento de entretenimiento dentro de los centros.

También defiende el uso educativo de las nuevas tecnologías la representante de los padres de la concertada, Desireé Fernández, quien apunta que «si la consejería marca unas pautas para su uso correcto, ayudaría a que centros y docentes cuenten con un poco de respaldo porque también se ven indefensos ante ciertos casos de mal uso» de los teléfonos móviles.

«Lo ideal sería contar con un protocolo común que regule las pautas de comportamiento. Lo que no tengo tan claro es que eso ahora mismo pueda darse, si no se llega tarde, porque la realidad que se ha impuesto es que los padres mandan al colegio a sus hijos con un móvil con la justificación de que 'si pasa algo ¿cómo me entero?' Cuando la respuesta es fácil: si algo pasa, a quien primero se avisa es a la familia. Así fue siempre y así seguiría siendo», expone por su parte Tino Brugos, de Suatea. Él ve complicado prohibir a estas alturas la presencia de los móviles en las aulas. No así nuevos dispositivos, como los 'relojes espía', con los que es partidario de «cortar por lo sano» porque, sostiene, con ellos «es más fácil que se haga un mal uso» de las grabaciones que se puedan realizar.

Seis meses para adaptarse

ANPE considera que el nuevo decreto de derechos y deberes del alumnado contiene «medidas de carácter disuasorio» que, en la práctica, garantizarán la práctica docente. Los centros públicos y concertados deberán adaptar sus planes integrales de convivencia y sus normas de organización y funcionamiento o sus reglamentos de régimen interior a lo dispuesto en dicho decreto. Tienen seis meses para hacerlo a partir de su entrada en vigor.

 

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