Los dueños de Igrafo alegan que carecían de formación para llevar asuntos fiscales

El acusado de llamar 2.500 veces al 112 reconoce los hechos y acepta una multa de 2.800 euros
Roberto y Víctor Manuel Muñiz, en la sala de vistas. / ÁLEX PIÑA

El exconsejero Riopedre fue interrogado como testigo por los dos viajes facturados a Igrafo. De eso «me enteré por la prensa», aseguró a la juez

LAURA MAYORDOMO OVIEDO.

Los hermanos Víctor Manuel y Roberto Muñiz, propietarios de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) y Comercial de Montajes y Servicios S.A., negaron ante la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo haber cometido los cinco delitos contra la Hacienda Pública que les imputa la Fiscalía y por los que pide para cada uno de ellos seis años y tres meses de prisión. Se les acusa de haber eludido el impuesto sobre sociedades y el IVA entre 2006 y 2008. En su declaración aseguraron que nunca se ocuparon de los asuntos fiscales de sus sociedades.

El proceso es una pieza desgajada del 'caso Renedo', la trama de corrupción en la adjudicación de contratos en la administración asturiana y en la que Víctor Manuel Muñiz fue condenado a seis años y medio de cárcel. Precisamente en este nuevo juicio han comparecido como testigos varios condenados en aquel procedimiento, como la alta funcionaria del Principado Marta Renedo, la exdirectora general de Planificación María Jesús Otero o el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre.

«Me siento defraudado»

A Riopedre, que compareció ayer, se le interrogó por los viajes a Barcelona y Tenerife -el primero a un congreso y el segundo para celebrar su 70 cumpleaños- cuyas facturas, por un total de 5.685 euros, fueron pagadas por Igrafo. «El de Barcelona era un viaje de trabajo que yo siempre creí que estaba financiado por dietas. Yo iba invitado por el ministerio», declaró antes de manifestar que «me enteré por la prensa» de que la empresa de Víctor y Roberto Muñiz había declarado ese viaje como gastos. Y respecto al viaje a Tenerife, insistió, como ya había hecho durante el juicio del 'caso Renedo', en que estaba convencido de que había sido un regalo de un grupo de amigos que «le dieron el dinero a María Jesús Otero». «¿Se siente usted defraudado?», le preguntó en este punto el abogado de Víctor Muñiz, Miguel Valdés-Hevia. «En cierto sentido, sí. No esperaba este asunto de gente tan cercana a mí. De Otero ni de los demás», reconoció.

También ayer declaró como testigo un sobrino y ahijado de María Jesús Otero, funcionario público de la Agencia Tributaria en Zaragoza, que manifestó que las obras de reforma en su piso fueron abonadas por su tía. Fue «un regalo suyo», dijo. Por la sala del juzgado de lo Penal 3 pasaron además un escayolista y un albañil, que fueron interrogados sobre varias obras que, según consta en facturas abonadas por las sociedades investigadas, habrían realizado en centros docentes. El segundo negó haberlas llevado a cabo, pero reconoció que «una vez hice una factura que me pidió un amigo, que dijo que era un favor para la empresa de su mujer». La jueza quiso saber el importe de dicha factura, pero el testigo aseguró no recordarlo como tampoco se acordaba de si esa factura había sido para Igrafo.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos