Riopedre: «En cierto sentido, me siento defraudado por María Jesús Otero»

Los hermanos, propietarios de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo), durante el juicio./PIÑA
Los hermanos, propietarios de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo), durante el juicio. / PIÑA

Los dueños de Igrafo niegan haber cometido ningún delitos fiscales en el juicio que se sigue por una pieza desgajada del 'caso Renedo' | Víctor Manuel Muñiz ya fue condenado a seis años y medio de cárcel

LAURA MAYORDOMO

Los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, propietarios de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) y Comercial de Montajes y Servicios S.A., han negado ante la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo haber cometido los cinco delitos contra la Hacienda Pública que les imputa la Fiscalía y por los que pide para ellos sendas penas de seis años y tres meses de prisión. Se les acusa de haber eludido los impuestos sobre sociedades y el IVA, en fechas comprendidas entre 2006 y 2008, pero ellos aseguraron ante la magistrada-juez María Paz González-Tascón que nunca se ocuparon de los asuntos fiscales de sus sociedades, por carecer de la formación necesaria. También comparecía esta mañana el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre que, durante su declaración, reconoció sentirse «defraudado» por su entonces número dos María Jesús Otero.

Este proceso es una pieza desgajada del 'caso Renedo', relativo a la principal trama de corrupción en la adjudicación de contratos en la administración asturiana y en el que Víctor Manuel Muñiz ya fue condenado a seis años y medio de cárcel. Precisamente en este nuevo juicio han comparecido como testigos varios imputados de aquel procedimiento, como la alta funcionaria del Principado Marta Renedo, la exdirectora general de Planificación de la Consejería de Educación María Jesús Otero o el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre.

Las dos primeras se negaron a contestar a las cuestiones que les fueron planteadas por el fiscal y la acusación particular.

Comparecencia del exconsejero de Educación

A Riopedre, que ha comparecido esta mañana, se le ha preguntado por los viajes a Barcelona y Tenerife -el primero a un congreso en el que participaron responsables de Educación de otras comunidades y el segundo, para celebrar su 70 cumpleaños- cuyas facturas, que ascendieron a un total de 5.685 euros, aparecieron en la contabilidad de Igrafo. «El de Barcelona era un viaje de trabajo que yo siempre creí que estaba financiado por dietas. Yo estaba invitado por el ministerio», declaró antes de manifestar que «me enteré por la prensa» de que la empresa de Víctor y Roberto Muñiz había declarado ese viaje como gastos. «Yo jamás hablé con Igrafo del tema», añadió. Y respecto al viaje a Tenerife, insistió, como ya había hecho durante el juicio del 'caso Renedo' en que estaba convencido de que había sido un regalo de un grupo de amigos por su cumpleaños que «le dieron el dinero a María Jesús Otero». «¿Se siente usted defraudado?», le preguntó en este punto el abogado de Víctor Muñiz, Miguel Valdés-Hevia. «En cierto sentido, sí. No esperaba este asunto de gente tan cercana a mí. De Otero ni de los demás», reconoció.

También esta mañana han declarado como testigos dos sobrinos de la exdirectora general de Educación. Una, en calidad de socia y administradora de algunas de las sociedades creadas por la exdirectora general para, entre otros negocios, la explotación de apartamentos turísticos en Llanes. C. B. B., arquitecto técnico, dijo no ver «nada raro» en varias facturas por las que fue interrogada y manifestó desconocer quién realizaba el pago a los proveedores de dichas empresas al igual que dijo no saber si su tía tenía conocimiento «del día a día» de las sociedades.

Su hermano, ahijado de María Jesús Otero, funcionario público de la Agencia Tributaria en Zaragoza, declaró que las obras de reforma que se llevaron a cabo en un piso suyo en esa ciudad fueron gestionadas y abonadas por su tía, sin que él tuviera en ningún momento contacto con los proveedores de las mismas. «No sé ni quién son», contestó a preguntas del abogado de la acusación particular. Los trabajos de reforma, añadió, fueron «un regalo» de su tía.

Por la sala del Penal 3 han pasado además un escayolista y un albañil que fueron interrogados sobre varias obras que, según consta en facturas abonadas por las sociedades investigadas, habrían realizado en varios centros docentes. El segundo negó haberlas llevado a cabo, pero, interrogado sobre si en alguna ocasión había realizado facturas «porque se lo pidiera alguien», sin haber prestado el servicio, reconoció que «una vez hice una factura que me pidió un señor, que dijo que era un favor para la empresa de su mujer». La jueza, María Paz González Tascón, quiso saber el importe de dicha factura, pero el testigo aseguró no recordarlo: «Una factura de 2006, con todas las obras que hago al año, ni me acuerdo». También dijo desconocer si esa factura había sido para Igrafo.

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