La concertada firma su primer acuerdo con Educación en 15 años, pero sigue hablando de «discriminación»

Tras las movilizaciones y la jornada de huelga convocada a finales de curso, el Gobierno de Asturias y los sindicatos de la concertada llegaron a un acuerdo que este jueves ha sido refrendado, también por las patronales de la red de la enseñanza concertada para mejorar la calidad educativa del alumnado de estos centros, además de atender una parte de las reivindicaciones laborales y salariales del profesorado. Se trata del primer pacto de estas características que se suscribe en más de quince años.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha rubricado el documento, en representación del Gobierno de Asturias, mientras que por parte de la enseñanza concertada lo han hecho las dos patronales del sector: Educación y Gestión y CECE, así como los sindicatos OTECAS, USO y FSIE.

Entre las principales medidas, destaca el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, que permitirá mejorar la atención al alumnado, una iniciativa comenzará a aplicarse a partir del curso 2026-2027, mediante la incorporación del crédito correspondiente en los presupuestos de cada año.

En el campo de atención a la diversidad, la consejería elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado. La previsión es elaborar este curso el decreto que establezca la dotación básica de especialistas y que la medida entre en vigor en el 2026-27.

En cuanto a la reducción de la carga burocrática, durante el próximo año se digitalizará el Documento de Organización de Centro (DOC), que recoge la planificación anual de los colegios y que debe remitirse a la Consejería de Educación. También se ha agilizado la habilitación del profesorado, que requiere una acreditación específica para poder impartir distintas materias,

En el ámbito salarial, el acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado, que se traducirá en 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales.

También se suscribirá un nuevo acuerdo sobre la paga extraordinaria de antigüedad, correspondiente tanto a los centros ordinarios como a los de educación especial. Los primeros se encuadran en el VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, mientras que los centros de educación especial se engloban en el XVI Convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Tanto la consejera como la directora general de Centros, Paula Fernández, hicieron varios guiños hablando de las dos redes educativas como «complementarias». «Es una red muy importante en el sistema educativo», dijo Ledo. La consejera admite que el acuerdo no recoge todas las demandas planteadas por los sindicatos y la patronal, pero defiende que «se atiende todo el margen de mejora posible» y asegura que se seguirá trabajando.

Los sindicatos tienen muy claro esto último. Sobre la mesa, dos cuestiones fundamentales: las jubilaciones parciales y la reducción de la carga lectiva para los mayores de 55 años. «Tenemos trabajadores en las aulas con 67 años mientras en la pública se jubilan con 60. Es una discriminación de primer nivel», lamenta José Manuel Cueto, de OTECAS, sindicato con mayor presencia en la red. Cueto apunta que se seguirá trabajando también por el aumento salarial del personal de servicios.

Desde USO, Gonzalo Menéndez insiste en que el acuerdo es «un punto de partida» y que hay que seguir negociando porque «no pueden pasar otros 15 años con nuestras reivindicaciones metidas en un cajón».

El más crítico ha sido José López Sela, de FSIE, que ha calificado de «realmente malo» el pacto porque «nos mantiene como los docentes con peores condiciones de todo el país». ¿Por qué entonces han firmado? «Porque después de 15 años la Administración al menos se ha sentado, ha dejado de ningunearnos».