Educación defiende su plan para volver a clase: «Las familias están contentas»

Asturias es la única comunidad que ha optado por la educación presencial, frente a otras que afrontarán un modelo combinado de clases presenciales y otros días, telemáticas, en casa, para no contratar más profesores. La explicación que ha esgrimido el presidente del Principado Adrián Barbón es que «nosotros recogemos el sentir de las familias y por eso rechazamos ese modelo mixto apostando porque en septiembre, todos los alumnos vayan a clase de forma presencial».

No es este el punto de fricción. De hecho, todos los afectados apuestan por este sistema. Pero las discrepancias por las aportaciones económicas y la baja contratación de profesores, afloraron ayer en una sesión en la que la diputada del PP, Gloria García, se mostró muy crítica con la gestión de la consejería y le recriminó la falta de respuestas y «no estar a la altura de las circunstancias». García cuestionó la decisión de ayudar únicamente a la escuela pública dejando de lado a la escuela concertada y actuando con «total sectarismo».

Precisamente este punto levantó ampollas nada más conocerse las medidas adoptadas por la Consejería. El colectivo que aglutina a la enseñanza concertada lo considera «un ataque directo a la libertad de elección de centro que tienen las familias y que se recoge en la Constitución». En los mismos términos se manifestó el colectivo de enseñanza católica que esperaba «que el respeto y el sentido común se impusieran y ya vemos que no», dijo Simón Cortina.

Mientras sindicatos docentes y toda la concertada se postulan en contra, parece que el Gobierno ha logrado el apoyo de las familias de la pública. La asociación de Padres y Madres de Alumnos Miguel Virgós, considera que es importante tener en cuenta que «algún día habrá que volver al colegio y tomar una decisión adecuada es muy complicado en estos momentos». Su portavoz, Clara Díaz, justificó las decisiones de Educación, ya que es «consciente del miedo de las familias a contagios y nuevos brotes, lo que hace que los criterios sean muy cambiantes». Pese a que pública y concertada han ido siempre de la mano hasta ahora parece que, finalmente, las cuestiones económicas han producido un resquebrajamiento en su relación.

La incertidumbre ante lo que pueda pasar y la seguridad sanitaria del alumnado fueron argumentos esgrimidos por Suárez ante las críticas vertidas por la diputada del PP y por el diputado de Foro, Adrián Pumares, que le señaló: «No discuto el esfuerzo pero los resultados son inaceptables; es una hoja de ruta hecha deprisa y es insuficiente».

La consejera de Educación se defendió matizando que lo importante en estos momentos es que el confinamiento no vuelva a repetirse y la responsabilidad de la consejería ante un «escenario cambiante» es adaptarse «a todo lo que pueda venir, como hemos hecho hasta ahora».

La necesidad de un cambio en el modelo educativo es una de las preocupaciones de la docencia pública. «Lo más importante para todos son las medidas de seguridad y sanitarias, por eso es lógico que la Consejería eche para atrás numerosas veces». El problema para el colectivo que preside Clara Díaz es otro: «No hay una conciencia en este país acerca de que la educación es imprescindible».

Mientras, la diputada popular recriminó a la consejera que «estamos a 14 de julio y no hay instrucciones firmes para el inicio de curso», y nos presentan, dijo, una cifra «ridícula del contrato de tan solo 400 profesores», cifra que Clara Díaz no se atreve a cuestionar. «Los sindicatos piden doblar el número y lo que hace falta es optimizar recursos desde hace mucho tiempo».

La consejera habló del plan de digitalización para el próximo curso para el que el Principado destinará dos millones de euros, a lo que se añaden 1,7 millones más procedentes del Ministerio de Educación que permitirán acceder a más de 6.000 dispositivos en caso de nuevo confinamiento.