Educación reclama a Celaá que priorice la escuela rural en sus presupuestos

Educación reclama a Celaá que priorice la escuela rural en sus presupuestos
El Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana; Isabel Celaá y Genaro Alonso, en un momento de la reunión. / E. C.

Genaro Alonso pide a la ministra más fondos para la extensión de la etapa de 0 a 3 y medidas para favorecer la gratuidad de los libros

EUGENIA GARCÍA GIJÓN.

El consejero de Educación, Genaro Alonso, trasladó ayer al Gobierno central las prioridades de Asturias respecto al anteproyecto de la nueva Ley de Educación con la que la ministra Isabel Celaá pretende derogar «los aspectos más lesivos» de la LOMCE y «modernizar» el sistema educativo. Tres son, principalmente, las propuestas en las que hizo hincapié el consejero asturiano: mayor apoyo para la escuela rural, la extensión del primer ciclo de Infantil y la puesta en marcha de medidas que favorezcan la gratuidad de los libros de texto.

Las dos primeras las había adelantado Alonso el pasado miércoles, durante la conferencia sectorial en la que la ministra desgranó el anteproyecto de la que ya se conoce como 'ley Celaá'. Pero ayer, durante la entrevista personal que ambos mantuvieron en Madrid, pudo incidir en la necesidad de que el nuevo texto en el que trabaja el Gobierno, que afectará a más de ocho millones de estudiantes no universitarios y 700.000 docentes, tenga en cuenta la singularidad del Principado y preste «especial atención al problema de la despoblación y la dispersión geográfica, con líneas específicas para la sostenibilidad y la consolidación de la escuela rural». En este sentido, el consejero planteó a la ministra que se dé prioridad en los presupuestos a este tipo de centros, con el objetivo de «garantizar su viabilidad».

Más de 3.600 alumnos

En el Principado esta red da cobertura a más de 3.600 alumnos, que se distribuyen en 63 centros: 27 colegios rurales agrupados, con aulas ubicadas en 82 localidades de 21 municipios; nueve centros públicos de Educación Básica, cuya oferta abarca los diez cursos de enseñanza obligatoria; 16 colegios donde el alumnado se escolariza en una única unidad (escuela unitaria); cuatro colegios que además de Primaria ofrecen primero y segundo de la ESO, tres escuelas hogar y cuatro residencias. Abarca 73 de los 78 concejos, ya que Pesoz, Yernes y Tameza, Santo Adriano, Amieva y Peñamellera Alta carecen de oferta educativa. Estos centros, según recoge el informe 'La escuela rural: una apuesta por la equidad' elaborado por la consejería, demandan «mayor inversión en recursos humanos que el resto de la red». Hay que tener en cuenta que, según los datos que maneja el Principado, el coste medio de personal por estudiante en la zona rural puede llegar a sextuplicar el de la red urbana.

La otra demanda hace referencia al ciclo de 0 a 3 años. En este sentido, el consejero propuso la dotación de fondos de cooperación específicos que permitan financiar una red «cuya extensión y crecimiento parecen imparables», según indicó el propio Alonso la pasada semana, con la etapa de los dos años como objetivo prioritario.

El consejero pidió una línea de financiación para los institutos con ciclos formativos

Precisamente, el modelo de escuelas de 0 a 3 años fue uno de los ejes principales del acuerdo presupuestario para 2019. Los Presupuestos reservan a este capítulo 16,2 millones de euros, cuatro más que en el ejercicio anterior, y garantizan crédito adicional para favorecer la extensión de la red. El objetivo inmediato es impulsar nuevas escuelas y unidades en once concejos.

En lo que respecta a los libros de texto, el titular de Educación asturiano -quien durante la última comisión de Educación y Cultura estimó en 35 millones de euros el coste de implantar la ley que propone su gratuidad y abogó por un mecanismo «progresista y progresivo»- subrayó ante la ministra «la necesidad de que se impulsen medidas innovadoras, orientadas a l aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje, que conlleven la reducción efectiva del coste de los materiales para el alumnado.

Certificado de profesionalidad

Por otro lado, Alonso también reclamó a la ministra que las empresas no tengan que cotizar por los estudiantes que participan en estancias formativas curriculares, unos 4.900 por curso en Asturias. Asimismo, sugirió que los institutos de Educación Secundaria que impartan ciclos formativos queden homologados automáticamente para expedir certificados de profesionalidad y pidió para ellos una línea de financiación específica.

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