El crecimiento del empleo público en Asturias dispara el gasto y pone en duda su sostenibilidad

Todos los expertos consultados reconocen la necesidad de reforzar servicios básicos para una comunidad envejecida, como la sanidad y la atención a mayores, así como atender las necesidades que puedan surgir en materia educativa. No obstante, la mayoría entiende que esta expansión contínua de la plantilla «no es sostenible en el tiempo» y piden poner «límites» y «marcar prioridades». Advierten, de hecho, del «riesgo» de seguir ampliando un gasto estructural apoyándose en un incremento de ingresos que, dicen, no se podrá mantener indefinidamente en el tiempo. Otros expertos consultados, sin embargo, apuestan por «hacerla sostenible» para garantizar la calidad de los servicios públicos mediante una mayor presión fiscal.

«Seguramente el aumento del personal sanitario es necesario en Asturias, ya que el envejecimiento de la población está aumentando las necesidades en este ámbito, pero no podemos aumentar indefinidamente el gasto en todo. Habría que fijar límites y prioridades», plantea a modo de conclusión el economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Coincide con su argumento Abel Fernández Martínez, presidente del Colegio de Economistas de Asturias, quien alerta de que este crecimiento del gasto en personal «no es muy sostenible en el tiempo» y recuerda que, aunque los servicios básicos los ofrece el sector público, «quien aporta riqueza es el privado, y no veo que se haga un esfuerzo en ese sentido». «Aumentar el sector público de esta manera hace que la iniciativa privada se quede siempre con pocos recursos, cuando debería existir un mayor compromiso con el sector productivo, que es el que realmente genera riqueza y el que aporta recursos para financiar los presupuestos», añade.

Por su parte, el profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Santiago Álvarez subraya la necesidad de poner «límite al crecimiento del gasto estructural», porque se financia con un «crecimiento de la recaudación tributaria impulsado por la inflación y falta de deflactación». Es decir, ingresos extraordinarios que «no son permanentes» y que, por lo tanto, no serán «indefinidos». Incluso alerta del riesgo de que se repita lo ocurrido durante la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando la caída de ingresos «obligó a la Administración a aplicar recortes porque se estaba disparando el déficit público».

El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pandiello, realiza un análisis diferente y defiende que la sostenibilidad del sistema público será «todo lo sostenible que nosotros queramos que sea», por lo que reflexiona sobre la necesidad de que la población sea más consciente de lo que paga y de lo que cuestan los servicios públicos. «Lo que es incompatible es mantener un discurso simultáneo de pedir mejores servicios y exigir menos impuestos», dice el catedrático, quien también critica la contradicción que, en su opinión, supone exigir y celebrar una mayor «inversión productiva» para construir hospitales o colegios, pero luego criticar el gasto que supone pagar a los profesionales que permiten que estos equipamientos cumplan sus funciones.

Se trata, pues, de un debate complejo. El presidente del Colegio de Economistas considera que el crecimiento del gasto en personal en los últimos años es «muy elevado» y coincide con el profesor de Hacienda al advertir de que no es sostenible en el tiempo, porque en la actualidad se está haciendo frente a este gasto con «ingresos tributarios al alza y aportaciones extraordinarias como los fondos europeos», por lo que plantea la necesidad de «ajustar» el gasto estructural. Máxime, añade el economista, si se tiene en cuenta que la región «va a la cola con respecto al crecimiento del PIB» y que, en su opinión, los presupuestos recientemente aprobados por el Gobierno regional, que rozan los 7.000 millones, «no son buenos para salir de la situación en la que nos encontramos».

Por su parte, Santiago Álvarez considera que la Administración autonómica debería «analizar las necesidades y la eficiencia en la prestación de bienes y servicios», sin ocultar sus dudas sobre la eficiencia de la extensión de la matrícula universitaria gratuita. Pide priorizar las necesidades reales y valorar, por ejemplo, «qué funcionarios se necesitan y en qué áreas son prioritarias», ya que «no todo el gasto público es para sanidad y educación».

Es lógico, dice, que los salarios públicos crezcan, «aunque también hay que hacer una reflexión sobre el hecho de que el empleado público esté recuperando la pérdida del poder adquisitivo mientras el sector privado no tiene posibilidades de hacerlo, porque quizá supondría incrementar más el precio de sus productos o servicios».

Mientras tanto, el catedrático Javier Suárez Pandiello defiende que la apuesta por unos servicios de calidad implica un incremento de los impuestos. Alerta de la crisis que existe en el ámbito sanitario, donde falta personal y hay déficit de especialistas, en parte porque los salarios no son suficientemente atractivos, provocando una fuga constante de profesionales hacia otros países como Noruega o Reino Unido en busca de mejores condiciones. «Si se quiere mantener el discurso de tener la mejor sanidad pública, hay que pagarla adecuadamente», sostiene, avalando así el incremento del gasto en personal y, como consecuencia, la necesidad de incrementar la presión fiscal.

Eso sí, advierte de que algunos impuestos, como el de Patrimonio, cuyo mantenimiento cree que responde a una cuestión «meramente ideológica», podrían tener el efecto contrario al deseado, al incentivar la fuga de capitales hacia otras comunidades y, con ello, afectar directamente a la recaudación del IRPF.