Las empresas sociosanitarias alertan del riesgo de cierre y de la pérdida de 6.000 empleos en Asturias

Una mujer, apoyada en su domicilio por una profesional sociosanitaria. / E. C.
Una mujer, apoyada en su domicilio por una profesional sociosanitaria. / E. C.

«Estamos en desventaja con las multinacionales, que ganan los concursos al bajar los precios, y con la economía sumergida», dice la patronal Adesspa

CHELO TUYA GIJÓN.

«No quiero pecar de catastrofista, pero la realidad es que podemos llegar a cerrar todas las pequeñas y medianas empresas asturianas dedicadas a los servicios sociosanitarios». No es la primera vez que Antonio Corripio alerta sobre la situación de un sector centrado en el apoyo a las personas en su domicilio y en la asistencia a la dependencia y la discapacidad. Al principio de la legislatura, el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Sociosanitarios de Asturias (Adesspa) ya dejó claro que «el 40% de las empresas del sector han cerrado en los últimos cuatro años».

A las puertas de unas nuevas elecciones, tiene claro que la supervivencia de las dieciséis entidades asturianas aún en funcionamiento «es muy difícil». Y con su bajada de persiana, desaparecerán 6.000 puestos de trabajo en la región. «Empleos, además, de buena calidad, con el salario de convenio, con acreditación de los profesionales, con el cumplimiento del plan de igualdad. Son empleos fijos, estables y no deslocalizables», destaca Corripio.

Los motivos del peligro de empresas y empleos es, en opinión del presidente de Adesspa, doble: «La competencia de las grandes multinacionales y la economía sumergida». Cuando acaba de cumplirse el décimo aniversario de la creación de Adesspa, Corripio explica que «la política actual favorece a grupos empresariales emergentes, más preocupados de cauces meramente financieros que de generar propiamente servicios». Señala, directamente, «a las empresas multiservicio, procedentes, en su mayoría, del sector de la construcción, que lo mismo se hacen con un contrato millonario por construir una regasificadora en la otra punta del mundo que con el apoyo a la discapacidad en un concejo asturiano».

La política de estas empresas, insiste Corripio, se basa «en bajar precios. Al final, el 20% de las empresas controlan el 80% del sector. Vamos a un oligopolio que acabará fijando los precios». Algo que, desde su punto de vista, debe hacer el Principado. «Lo que pedimos es que la Administración asturiana fije un precio por hora de servicio. Ahora, en ayuda a domicilio, oscila entre los 12 euros de las empresas privadas y los 15 de las públicas. Pues que fije el Principado una cifra y que, a partir de ahí, la competencia sea por la calidad del servicio».

Reclama Adesspa, también, la creación de una acreditación, «con los criterios que considere la Administración», pero que las pequeñas y medianas empresas asturianas puedan utilizar un sello identificativo «que distinga nuestra calidad».

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Además, reclaman el pago del cheque-servicio. Una fórmula utilizada por algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, para responder a los beneficiarios de la Ley de la Dependencia. «Está basado en el desarrollo de los servicios a la persona y se utiliza para que los particulares puedan pagar los servicios domésticos y asistenciales. Que el usuario elija libremente».

A favor de las ONG

El otro caballo de batalla de las pymes de servicios sociosanitarios es «la economía sumergida». Lamenta Antonio Corripio que personas que están cobrando ayudas sociales, «trabajen, sin cotizar, cuidando a personas o compitiendo, directamente, con la ayuda a domicilio».

Con quien no chocan los socios de Adesspa es con las entidades sin ánimo de lucro. «En ningún caso estamos en contra o tenemos nada malo que decir de las ONG. Ellas estaban ahí antes y, muchas, siguen haciendo el trabajo que nadie quiere. No quieren hacer negocio».