Las entidades sociales reclaman más vivienda pública y limitar los precios

«La vivienda es un elemento que contribuye a la pobreza». Es más: «El acceso a la vivienda, empobrece», «es un lastre», especialmente a quienes ya están en peligro de exclusión, que mayoritariamente viven de alquiler, con precios «que se disparan». Lo dijeron hace unos días tras la presentación del informe sobre el estado de la pobreza en España y en Asturias y las entidades sociales lo reiteraron ayer, en el Simposio Emergencia habitacional, vivienda digna y sociedad inclusiva, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Porque por más que lo diga la Constitución o todos los acuerdos y tratados internacionales, la realidad es que el derecho a la vivienda no se cumple.

En estos días en que el encarecimiento de la vivienda ha saltado a la agenda política y pública, porque ya no solo afecta a las personas en riesgo de exclusión o en situación de pobreza, sino a un porcentaje cada vez mayor de la población, las entidades del tercer sector analizan en la Facultad de Derecho de Oviedo cómo hacer que «la vivienda sea un derecho humano protegido y no un bien del mercado». Porque tener una vivienda, y una vivienda digna, «garantiza otros derechos», como a la intimidad, a la salud, a formar una familia. Incluso a la educación: «Tener una casa significa tener un lugar donde hacer los deberes», señaló Ruth Caravantes, de EAPN.

Conscientes de lo complejo de la situación, pusieron sobre la mesa varias medidas, después de comprobar que «la Ley de Vivienda no e suficiente», asegura Elena Rúa, de la Red contra la Pobreza. La primera, la necesidad de aumentar el parque público de vivienda (en Europa, la inversión media en este áera es del 0,60%, mientras que en España es el 0,15% de los Presupuestos Generales del Estado). Otra de las medidas pasaría por intervenir en el precio, limitando su aumento, para garantizar que ninguna familie destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Y también se mencionó la posibilidad de probar una medida que ya se lleva a cabo en otros países: que la tenencia de la vivienda social, bien en propiedad o bien en alquiler, sea indefinida.

Mientras, los hogares monoparentales liderados por mujeres serán siendos los más perjudicados por la situación, además de los migrantes extracomunitarios. Entre y estos colectivos aumenta, advirtieron las entidades, el «sinhogarismo oculto». Incidió mucho en esto Héctor Simón Moreno, de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili. Ese fenómeno que crece, aunque no haya cifras oficiales es, junto con el sobreendeudamiento, la consecuencia de «las políticas erráticas de vivienda en los últimos años», en los que la tasa de vivienda en propiedad ha bajado 10 puntos (el triple en el caso de los jóvenes), la vivienda está cada vez más concentrada en unas pocas manos y en los que se ha llegado a «legalizar la infravivienda». El sinhogarismo oculto, al que se condena «cada vez a capas más amplias de la sociedad» va desde los realquileres ilegales, la «multipropiedad oculta», hasta los 'pisos patera' y las 'camas calientes'.

Simón se mostró favorable a la vivienda pública, aunque con límites y matices, ya que «el alquiler social tiene un alto coste de gestión y mantenimiento» y defendió el modelo de 'housing association' de algunos países de Europa, en el que entidades privadas sin ánimo de lucro realizan esa gestión de la vivienda pública.

El papel de las Administraciones, sin duda, es fundamental. Lo puso de relieve la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, que destacó el compromiso «claro y rotundo» del Gobierno del Principado con las personas sin hogar. A este respecto, aseguró que la consejería movilizará 14,3 millones hasta 2027 a este tema: seis millones para los ayuntamientos, para financiar la red de albergues municipales; 4,5 a proyectos que faciliten el acceso a una vivienda y 3,9 a programas de atención integral desarrollados por organizaciones sin ánimo de lucro.

Del Arco explicó que 250 familias reciben en Asturias el complemento para sufragar los gastos de vivienda que la ley recoge para los beneficiarios del Salario Social.