Llega el 'estilo Marchena' a Asturias

El inicio ayer del juicio por el 'caso Serida', en la Audiencia Provincial, es una buena muestra. Antes de comenzar las sesiones el magistrado-juez Francisco Javier Rodríguez Santocildes ordenó que se buscaran asientos para que los cuatro acusados pudieran sentarse tras sus letrados. El argumento es que así facilitan la comunicación entre representante y representado, además de evitar la connotación que da el banquillo de los acusados. Es algo más conveniente en procesos como el de ayer, que se libran ante un jurado popular.

En Asturias se han dado antes juicios con los procesados en el estrado, pero solía ser a petición expresa de estos y rara vez, como ayer, por iniciativa personal del magistrado. En realidad, mantener a los acusados en el banquillo es una costumbre arraigada que se aparta de la norma. La propia ley del jurado indica que «los acusados se encontrarán situados de forma que sea posible su inmediata comunicación con los defensores», pese a lo cual lo habitual en la región es que los letrados de la defensa estuvieran a un lado de la sala, con las acusaciones enfrente y los acusados en el banquillo

Contra esa disposición viene cargando el Tribunal Supremo, según analizó el portal Confilegal. El alto tribunal llegó a ordenar la repetición de un juicio en la Audiencia de Castellón porque el magistrado había hecho un interrogatorio inquisitivo sin que el abogado defensor estuviera cerca para aconsejar al acusado. «En este tiempo de reformas penales, tanto sustantivas como procesales, parece llegado el momento de diseñar un nuevo escenario de las audiencias penales que sitúe al acusado junto a su letrado», reza la sentencia.

Alineado con los nuevos tiempos, el inicio del juicio del 'caso Serida' evidenció que las defensas van a por todas. Está acusado el exdirector de este organismo público, Koldo Osoro, que lo fue entre 2009 y enero de 2012 y desde julio del mismo año hasta 2015. En ese ínterin una denuncia anónima llegó a la Fiscalía y es la que ha desembocado en este juicio, por presunta malversación de fondos públicos. La Fiscalía y el Principado piden para el exgerente cuatro años y medio de cárcel, para uno de sus colaboradores cuatro años y para otros dos trabajadores, tres años.

Tras siete años de diligencias y trámites, hasta las acusaciones asumen que se han producido dilaciones indebidas. Lejos de conformarse con el atenuante, los abogados de la defensa sostienen que sus clientes son inocentes y perjudicados. «Soy víctima de una persecución política de algunos trabajadores», aseguró Osoro.

Durante su mandato fue «beligerante con determinados grupos organizados dentro del Serida que sin llegar a investigar disfrutaban de prebendas», argumentó su abogado, Víctor Tartiere. Según su tesis, esos subordinados «se agrupan y preparan una denuncia anónima».

Tartiere dijo más: «Todo esto es un montaje de unos determinados delincuentes afectos a un partido político que llevan torturando al señor Osoro durante siete años en los que no ha podido ni trabajar ni investigar». Es, a juicio de la defensa, «el mayor atropello procesal que haya visto». Su cliente asentía, esta vez desde detrás del abogado.