Exconsejeras de PSOE e IU admiten fallos al informar del copago a usuarios del ERA

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Laura González, Pilar Rodríguez, Teresa Ordiz y Noemí Martín abrieron la comisión de investigación parlamentaria sobre el organismo autónomo

L. MAYORDOMO GIJÓN.

«Pudo haber errores, eso no lo niega nadie. Probablemente fallamos en dar una información más a fondo a los usuarios y las familias». La exconsejera de Bienestar SocialNoemí Martín, quien desempeñó esta responsabildiad de 2008 a 2011, coincidió con tres de sus predecesoras en el cargo en que uno de los errores del Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) fue no facilitar una información «clara y precisa» sobre cómo y en qué condiciones se debía resolver el copago de estos servicios a partir de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, en 2007.

El problema fue que, tras el fallecimiento de varios de los usuarios, sus familiares se encontraron con facturas pendientes de abonar por unos importes que, supuestamente, corrían a cargo de la citada ley. Martín fue tajante: «Si hubo errores, que se corrijan en beneficio del ciudadano».

«En el 85% de los casos la deuda es incobrable por la baja pensión que percibían los ancianos»

La cuestión centró ayer las intervenciones de la también exconsejera de IU Laura González (en el cargo de 2003 a 2007) y de las socialistas Pilar Rodríguez (de 2007 a 2008) y María Teresa Ordiz (quien apenas estuvo tres meses al frente de la consejería) en la Junta General. Las cuatro fueron las encargadas de abrir el turno de comparecencias en la comisión de investigación sobre la gestión social, económica y financiera del ERA, en la que están llamadas a declarar 55 personas. Propuesta por el PP, fue aprobada en febrero del año pasado con los votos a favor de Ciudadanos y Podemos. Foro, cuyo representante no estuvo presente ayer, se abstuvo y PSOE e IU votaron en contra.

«No puedo decir que la gestión haya sido perfecta», reconoció Martín quien, no obstante, puso en duda la tasación de la deuda del ERA en 41 millones de euros que estimaba en un reciente informe la Sindicatura de Cuentas por los 1.929 expedientes prescritos en los años 2014 y 2015.

Al igual que previamente había hecho su madre, Laura González, la exconsejera de IU afirmó que la aportación de la mayoría de los residentes es una ínfima parte del «coste real» de una plaza en un geriátrico público -que cifró «entre 1.800 y 2.000 euros»-. «El ERA es deficitario», aseguró González. «Es lógico porque la mayor parte de los usuarios tienen una pensión muy baja». Por eso, añadió, en el 85% de los casos la deuda es «incobrable».

 

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