Familiares de ancianos creen que «sus derechos se obviaron antes y durante la pandemia»

Hoy comienza una nueva etapa en los geriátricos asturianos. El recién estrenado 'Procedimiento de actuación frente a la COVID-19 en residencias de mayores y centros sociosanitarios' marcará la hoja de ruta. Eso sí, lo hará siempre ceñido a la evolución epidemiológica y empañado por la silente amenaza de un rebrote. Los residentes que hoy salgan a pasear deberán seguir todas las medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19: uso de mascarilla, distancia social e higiene de manos. Su compromiso y responsabilidad individual se considera «imprescindible» en este punto.

También lo son otras cuestiones, como el cambio de calzado antes de entrar en el centro o que las residencias se sectoricen para evitar que los que salen a la calle compartan planta con aquellos que no lo hacen y prevenir, así, contagios.

La aplicación de esta última medida, como otras, dependerá de las características de cada centro. Al igual que lo harán los programas de visitas. Eso sí, todos los centros estarán obligados a organizar un número diario de visitas que corresponda como mínimo al 10% de sus residentes. La llamada a la responsabilidad también es para las familias que deben comprometerse a cumplir sin excepción las normas de seguridad previstas. La primera, no acudir en caso de presentar algún síntoma. Después, respetar las distancias, evitar el contacto y extremar la higiene respiratoria y de manos.

Por el momento, esto será lo 'normal'. Aunque el martes está prevista una reunión entre el Principado y las patronales de los geriátricos en la que podría concretarse algún matiz de la norma. En especial en lo que afecta a los nuevos ingresos y a las medidas de seguridad que se deben aplicar para llevarlos a cabo.

Mientras las instituciones adaptan las normas al contexto 'poscovid', en la sociedad se extiende el debate sobre la gestión de la crisis y sus efectos sobre los ancianos. Para muchos expertos y organizaciones, la pandemia ha evidenciado la necesidad de reflexionar sobre la gestión de las residencias y sobre su propio modelo. Pero la cuestión, para algunas entidades sociales, va más allá de los protocolos sociosanitarios y piden poner el foco en los derechos de los mayores dentro y fuera de un centro residencial, unos derechos «vulnerados en demasiadas ocasiones antes y durante la pandemia por un edadismo que despoja de valor a los ancianos», aseguran.

El presidente de la Oficina del Defensor del Anciano (ODA), Marcelino Laruelo considera que durante la crisis sanitaria en Asturias se cometieron «errores similares a los observados en otras regiones del país y de Europa». El primero de ellos «no haber adelantado el cierre» de las residencias. «No vale decir que es fácil criticar ahora la gestión a 'toro pasado'. La realidad es que tiene que haber especialistas, y los hay, para tomar esas decisiones en el momento en que son necesarias», afirma. Pone como ejemplo «residencias que cerraron antes del 13 de marzo y no se vieron afectadas, aún estando en zonas muy castigadas por la COVID-19».

Otro de los fallos para Laruelo es que al principio de la pandemia, aún disponiendo de material de protección, este «no se utilizó adecuadamente» en algunos centros. Ahora que se recuperan las salidas, recuerda que la «gran mayoría de los residentes son personas muy dependientes, imposibilitados para moverse». Por lo que la medida afecta a mayores «autónomos, que son minoría». Respecto a las visitas, reprocha al Principado que no «facilitase» la comunicación con las familias durante la pandemia. «Propuse la instalación de un programa para videoconferencias con los residentes. También grabar vídeos cortos y subirlos a una página web a la que los familiares pudiesen acceder con una clave», relata.

Disponer de cámaras en las habitaciones de las residencias es una reivindicación compartida por la ODA y por la Plataforma de Afectados del ERA. «Llevamos años pidiendo que se instalen para poder garantizar la seguridad de los ancianos que no pueden defenderse por sí mismos», asegura Mayte Pan, secretaria de la plataforma. Insiste en que los centros ofrecen «una atención deficitaria por falta de personal y de supervisión». Pan denuncia que el sistema «no respeta la voluntad de los ancianos ni tiene en cuenta sus necesidades individuales de descanso, alimentación, ocio, incluso de medicación». Asegura que por ese motivo atiende una media de «dos quejas diarias».

Desde la Coordinadora de Pensionistas se exige que se lleve a cabo una exhaustiva investigación. Su petición se ha tramitado en la Junta General. La portavoz, Teresa Dopazo, recuerda que ya en 2019 entregaron varios escritos a los grupos parlamentarios pidiendo que se analizase la calidad asistencial de las residencias, «donde faltan recursos y personal». También expresaron su preocupación por la «privatización de servicios públicos en los geriátricos». Incide en que la asistencia a los mayores «se ha convertido en un negocio lucrativo, cuando es un derecho fundamental». E insiste en que este servicio se puede prestar «no solo en las residencias, también en domicilios». Ahora, que se habla de priorizar habitaciones individuales para prevenir contagios, «se sigue sin pensar en lo que quiere el anciano», afirma Laruelo «¿Por qué debe compartir habitación con un desconocido y meter toda su vida en un armario de 80 centímetros?», reprocha.