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RAMÓN MUÑIZ
gijón.
Jueves, 13 de febrero 2020, 02:00
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En diciembre de 2017, un ministro del PP y un consejero del PSOE presentaron el Plan de Cercanías 2017-2025, programa que acababa teniendo 602 millones para sacar a flote a Renfe y Feve en Asturias. A ello se llegó tras un diagnóstico hecho por Ineco y meses de reuniones e intercambio de información entre técnicos de las empresas ferroviarias, el ministerio y la consejería.
El presidente autonómico Javier Fernández exigió a Pedro Sánchez que lo respetara, cosa que el segundo se comprometió, según el comunicado posterior a su única reunión. Con el cambio de legislatura, el jefe del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, dijo que la red no aguantaba más y anunció en septiembre un «plan de choque». La consejería lo cifró en 51,4 millones entre 2019 y 2020 «sin perjuicio del vigente» programa 2017-2025. En realidad a la suma se llegó poniendo en una lista las obras cuyos proyectos Adif venía redactando y ya tenía previsto sacar. Las prisas hicieron que no se incluyeran los desembolsos que también estaba ultimando Renfe.
Cinco meses después ni la oposición ni los sindicatos ferroviarios tienen documento alguno del supuesto «plan de choque». En una reciente respuesta a la diputada del PP, Paloma Gázquez, Fomento afirma que lo que guía su actuación es el programa 2017-2025. Esta semana el vicepresidente asturiano Juan Cofiño dio un paso más y objetó que ese plan en realidad es «una herencia recibida» del Gobierno de Mariano Rajoy y que está siendo sometido a revisión «en su integridad».
El Principado ha pasado así de reivindicarse coautor de un plan con 602 millones y exigir su ejecución, a atribuírselo en exclusiva al PP y ponerlo en cuestión. El cambio solivianta a la oposición. «Las cercanías necesitan dinero, no otro plan», dicen en el PP, Ciudadanos, Podemos, IU, Foro y Vox.
La estupefacción llega a los ferroviarios. «Es rarísimo que en vez de defender ese trabajo, se tire por la borda», censura Luis Blanco Junquera, de UGT. «El Plan 2017-2025 es realista y realizado por técnicos. Lo que toca es cumplirlo, no revisarlo, y desde el Principado, que no tiene competencias en la materia, lo único que se debería hacer es presionar para que se respete», añade. «Cuando se presentó, se dijo que habría una comisión cada seis meses para analizar los progresos, eso es lo único que falta», añade. «Si alguien lo pone en cuestión, que diga qué medida estaba mal, qué desdoblamiento, renovación de vía y arreglo de puente no hay que hacer», dice.
La revisión integral del Plan 2017-2025 «es la prueba de que no se creen ni lo que ellos dicen», tercia Juan Carlos Lora, de CC OO. «Todo es dar una patada al balón para seguir hacia delante, como si se hiciera algo», afea. Lora indica que en Valencia las cercanías han pasado de las 543 supresiones de 2015 a las 7.593 del pasado curso. «Lo que ha hecho el Gobierno regional en consecuencia es pedir las transferencias del servicio, a coste cero. Eso es lo que hay que hacer», reclama.
Más comprensión muestra Asturias al Tren. El colectivo accede a la revisión del plan «siempre que se hagan las cosas» y se reformen las frecuencias horarias de los cercanías.
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