La Fiscalía abre diligencias contra el director general de Biodiversidad asturiano

El director general de Biodiversidad, Manuel Calvo/
El director general de Biodiversidad, Manuel Calvo

En enero de 2018 la Dirección General decidió romper el convenio suscrito con el Fondo, argumentando entre otras cuestiones que Fapas «nunca» había solicitado autorizaciones para llevar a cabo trabajos como la utilización de cámaras fotográficas o acceder a las áreas reguladas en los espacios naturales

EUROPA PRESS

La Fiscalía del Principado de Asturias ha abierto diligencias contra el director general de Biodiversidad del Gobierno asturiano, Manuel Calvo, por un presunto delito de falsedad documental denunciado por el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas). La Fiscalía dispone de seis meses a partir de la apertura de las diligencias --el 21 de enero-- para determinar si hay o no indicio de delito.

Según ha informado Fapas en su página web, en enero de 2018 la Dirección General decidió romper el convenio suscrito con el Fondo, argumentando entre otras cuestiones que Fapas «nunca» había solicitado autorizaciones para llevar a cabo trabajos como la utilización de cámaras fotográficas o acceder a las áreas reguladas en los espacios naturales.

Fapas entiende que este argumento «es una presunta falsedad documental», ya que la asociación «posee y conserva» todas las autorizaciones específicas mediante solicitud por escrito para desarrollar estas actividades en los años anteriores a la firma del convenio, «tras el cual y durante 14 años, se ha continuado trabajando bajo su amparo en estrecha colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias», han explicado.

Este argumento de supuesta ilegalidad de las actuaciones del Fapas, prosigue su presidente Roberto Hartasánchez, ha sido el motivo aducido para que el actual Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Asturias, Fernando Lastra Valdés, llevase a Consejo de Gobierno la propuesta de disolución del convenio en marzo del pasado año.

El Gobierno decidió así anular el Convenio de colaboración que desde hace 14 años permitía trabajar al Fapas «con total libertad y cooperación con la Administración Regional». A juicio de Fapas, esta decisión responde a «una política totalitaria aplicada en la actualidad en materia de Medio Ambiente por el Gobierno de Asturias».

A su juicio, la ruptura del convenio responde a la «incapacidad de llevar a cabo un control al Fapas, sobre la información que obtiene y cómo la maneja». «El trabajo de Fapas, que durante más de treinta años ha estado vinculado estrechamente a la colaboración con la Administración Regional asturiana en beneficio de la naturaleza, se ha roto por la aplicación por parte del actual Gobierno de Asturias de una política populista donde la fauna salvaje, especialmente el lobo, se está utilizando como herramienta de lucha con otras formaciones políticas para acceder al voto rural», han criticado.

Precisamente Fapas considera que el asunto del lobo «ha sido el detonante» para anular el convenio. El trabajo de Fapas, han afirmado, cuestionaba el objetivo de eliminar lobos «argumentando datos carentes de fundamento técnico o científico con un mero objetivo político cara a las próximas elecciones en mayo».

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