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La Fiscalía investigará la vacunación tras una denuncia por presuntas irregularidades

El sindicato CSI asegura que no se están cumpliendo los criterios del documento técnico del Ministerio de Sanidad

GUILLERMO MAESE

GIJÓN.

Viernes, 12 de febrero 2021, 02:20

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La campaña de vacunación contra la covid en Asturias podría terminar en los tribunales. La Fiscalía ha incoado unas diligencias de investigación tras recibir una denuncia del sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) por «presuntas irregularidades en la estrategia de vacunación frente al virus en Asturias».

Según la denuncia sindical, no se están cumpliendo los criterios de vacunación del documento técnico de la estrategia de vacunación publicado por el Ministerio de Sanidad. «Se está vacunando a personal perteneciente al grupo poblacional 3 (otro personal sanitario y sociosanitario), a pesar de que en dicho documento se dice tajantemente que no se puede vacunar al grupo 3 hasta que estén vacunados completamente los grupos 1 (residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes) y 2 (personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario)».

Fuentes sindicales aseguran a EL COMERCIO que «se ha tomado conocimiento de que patronos de residencias, directivos, párrocos y otras personas han sido vacunadas sin guardar el escrupuloso orden y prioridad establecido».

En la asociación sindical sostienen que, desde hace semanas, reclaman los datos de vacunación al portal de transparencia, pero su petición no ha obtenido respuesta. El pasado mes de enero, fuentes del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Cabueñes aseguraban que «hay técnicos encargados de hacer todos los días radiografías a pacientes con covid a los que aún no se ha puesto la vacuna». Sin embargo, insisten dichas fuentes, «sí han sido vacunados otros que trabajan en un despacho o que no han visto a un paciente covid. Se han saltado todos los protocolos de la estrategia de vacunación que les llegaron desde el Ministerio de Sanidad», denunciaban. Ante tales acusaciones, la dirección del hospital aseguraba que ya se habían puesto las primeras vacunas al personal de primera línea contra el virus, no solo el de Cabueñes sino el de otros centros concertados o privados.

Tras la denuncia de la CSI, el ministerio público ha nombrado un fiscal instructor. Una vez finalizadas las diligencias de investigación incoadas, si se constatan indicios de delito en los hechos denunciados se presentará la correspondiente denuncia o querella ante el juzgado competente. En caso contrario, se dictará un decreto de archivo, que no es recurrible, aunque el denunciante podría reiterar su denuncia ante el juzgado correspondiente si lo considerara oportuno.

Los casos de posibles incumplimientos del protocolo de vacunación más sonados fueron los llevados a cabo por Carmen Piedralba, concejala socialista de Castrillón, y por Marifé Gómez, teniente de alcalde en Cangas de Onís por el Partido Popular. La Federación Socialista Asturiana (FSA), tras haberla suspendido cautelarmente, terminó por asegurar que su vacunación «se ajustó, según el Sespa, al plan nacional de vacunación por su función de trabajadora sanitaria, aunque en este momento, auxiliar de enfermería, no ejerza al ser liberada sindical». «No hubo, por tanto, ningún trato de favor derivado de sus responsabilidades institucionales», defendieron.

En el Partido Popular, por su parte, insisten en que la vacunación de Marifé Gómez, que además de teniente de alcalde de Cangas de Onís, es patrona de la Fundación Hogar Beceña González, se ajustó a las pautas establecidas. «Accedí a vacunarme para ejercer mis funciones en la residencia. Estamos hablando de 101 residentes y más de 70 trabajadores con sus conflictos, que hay que resolver desde dentro», afirmó Gómez. Al abandonar las religiosas la fundación en verano, en ella recayó la responsabilidad en materia de personal. El PSOE sostiene que «se contradice» y acusa al PP de «estar atrapado en sus mentiras».

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