El gasto en derivaciones a la sanidad privada aumentó un 50% en un año

La oposición cree que una mejor organización y gestión de la red pública reduciría la externalización de consultas, operaciones y tratamientos

LAURA MAYORDOMO GIJÓN.

El Principado abonó el año pasado una factura de 7,3 millones de euros por las derivaciones de pacientes a centros sanitarios privados. Una cantidad que aumentó en un 50% en un año. En 2016, por estas mismas prestaciones había realizado un desembolso de 4,8 millones de euros. El incremento es, a juicio de Izquierda Unida, «inexplicable, cuando existen esos mismos medios y prestaciones en los hospitales públicos y concertados». El diputado Gaspar Llamazares, al que la Consejería de Sanidad remitió todos los datos, centro por centro, considera además que buena parte de esas derivaciones serían «innecesarias» si hubiera «una buena gestión» de los recursos públicos.

La diputada de Foro Patricia García fue tajante: «La derivación a hospitales privados es la constatación de la falta de eficiencia, del fracaso de los gestores de la sanidad pública y de cómo se despilfarra el dinero con tal de que la 'foto de las listas de espera' salga bien al final del año». A su juicio, las cifras de derivaciones se podrían reducir con una mejor gestión y organización del trabajo y «ahorrando costes sin minorar la calidad». Señaló la portavoz en cuestiones sanitarias de Foro un aspecto que le resulta, cuando menos, llamativo: que las derivaciones a los hospitales privados son, en su mayoría, las de «las patologías con mayor rentabilidad», mientras que «los casos más complejos y crónicos se quedan en la sanidad pública siendo los más costosos».

En opinión del diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, aumentar la capacidad de resolución de procesos dentro de la sanidad pública pasa también por contar con más facultativos. Y señala lo que considera una contradicción: «Dicen que no hacen falta más contrataciones, pero están derivando a chorro a la privada. Es la constatación de un modelo manirroto». Fernández Vilanova incidió ayer en ese incremento del 50% en las derivaciones en apenas un año y advirtió de que el decreto de esperas máximas que entró en vigor el pasado día 8 puede conllevar un aumento de las mismas. Porque, explicó, en ese texto «tramposo» se dice que no serán derivados quienes superen los tiempos máximos de dos meses para primeras consultas en diez especialidades y cinco determinadas pruebas diagnósticas y de seis meses para seis intervenciones quirúrgicas. A ellos se les buscará acomodo en la red concertada. Pero «no dice que quienes no superen esos tiempos máximos no vayan a ser derivados a la privada». Es, a su juicio, «la prueba tangible de que se deriva y se va a seguir derivando» y de que la consejería «miente descaradamente cuando dice que no externaliza servicios».

«El Gobierno niega con una mano lo que hace con la otra. Existen derivaciones a las clínicas privadas de forma constante y encubierta», abunda Carlos Suárez, diputado del PP. Los populares defienden que la gestión de las listas de espera sanitaria se lleve a cabo utilizando «todos los recursos disponibles», englobando en ese «todos» a los públicos, los concertados y los privados. Pero plantea que la colaboración con estos últimos se realice mediante «conciertos justos, transparentes y con exigencia de resultados». También, que el paciente conozca las derivaciones desde el principio, «con la firma de un consentimiento informado y el conocimiento exacto del estado del proceso».

Objeción sospechosa

Al diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé no le cuadra el dato de que casi el 97% de las interrupciones de embarazos se lleven a la privada por la elevada objeción de conciencia de los médicos de la sanidad pública. «Nos parece improbable» que prácticamente ningún facultativo quiera realizar abortos. «Hay gato encerrado. Vamos a investigar porque algo no cuadra».

Carlos Ponte, portavoz de la Plataforma de Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, cree que esa factura de 7,3 millones no es una cantidad «desmedida» si se compara con la que abonan otras comunidades, pero que debería ser «cero». Sostiene que la sanidad pública debería ser autosuficiente para atender esa carga asistencial que ahora deriva a centros privados tanto dentro como fuera de la región. Y pone el foco en una cuestión: «En la práctica, no hay control» sobre el resultado de la actividad sanitaria que se externaliza ni sobre la eficacia de los procedimientos clínicos que allí se realizan.

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